El gerente regional Santa Cruz de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), René Solano, presume que existen “intereses inmobiliarios” en el afán de desviar la construcción de la carretera Tres Cruces-Buena Vista.
“Existen, seguramente, intereses mobiliarios para que eso (la construcción) se trunque y se empantane. Hemos tomado conocimiento de manera extraoficial algunas alternativas, todas esas alternativas hacen el proyecto inviable porque esto está definido como Red Vial Fundamental y cambiar el trazo lo hace inviable”, dijo Solano en entrevista con La Razón Radio.
Ante ello, pidió a las autoridades de la Gobernación de Santa Cruz cumplir el acuerdo firmado el 22 de abril de 2022 por parte del gobernador Luis Fernando Camacho y evitar mayores perjuicios al departamento como al país.
Solano afirmó que, en 2016, el gobierno departamental aprobó el proyecto y se comprometió la contraparte de aproximadamente $us 70 millones para la ejecución de la obra.
El proyecto consta de 80 kilómetros de recorrido y pasa por Buena Vista, Espejitos, San Miguel, Santa Fe de Amboró, Las Cruces, Pozo Colorado, Porongo, Km 13. El primer tramo comprende cuatro km, el segundo 42 km y el tercero 34 km.
El conflicto radica en el tramo II, del que la Gobernación de Santa Cruz argumenta que en ese sector existen acuíferos que afectarían a la provisión de agua a la población cruceña.
Hace 10 días pobladores de varios municipios mantienen un bloqueo en el sector de Buena Vista, exigiendo la construcción de esa carretera. La Gobernación argumenta que el tramo II pasa por acuíferos que abastecen de agua a la zona metropolitana y exige un rediseño en ese sector.
Financiamiento
El financiamiento para la obra fue otorgado por la CAF-Banco de Desarrollo para América Latina que comprende $us 212 millones, recursos que estarían en riesgo en caso de que continúen los conflictos.
Solano convocó a los sectores sociales, transportistas, autoridades de la gobernación y de los municipios implicados en la vía a recorren los tramos y conocer de manera técnica el trazo de la obra.
Además, dijo que modificar la ruta implicaría a que esa carretera ya no sea parte de la Red Vial Fundamental (RVF). También que no afectaría a los acuíferos que existirían en el tramo II porque la construcción sería de manera superficial.
En caso de no cumplir el convenio de 2018, la ABC analiza iniciar un proceso penal contra el gobernador por el delito de incumplimiento de deberes.
