Muchas veces hemos sostenido en este espacio que delitos como el contrabando y el tráfico de sustancias controladas, entre otros crímenes transnacionales, son casi siempre el punto de partida de espirales de violencia que generalmente terminan cebándose de las y los más débiles. Esta vez el contrabando se ha cobrado la vida de dos suboficiales asesinados a mansalva.
En efecto, el domingo miembros de una patrulla de la Unidad de Control Aduanero (UCA) conducían cinco automóviles indocumentados que habían sido incautados rumbo a su cuartel en Huachacalla; uno de ellos se rezagó y fue emboscado por los presuntos contrabandistas, quienes asesinaron a sangre fría a un sargento inicial y a un sargento segundo. Las imágenes de los cadáveres, que circularon profusamente en las redes sociales, son estremecedoras.
Inmediatamente se conformó ocho equipos de rastrillaje para dar con los asesinos, con la participación de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) y el Departamento de Análisis Criminal de Inteligencia (DACI), de la Policía Nacional.
A su vez, el Presidente del Estado anunció el lunes que había remitido a la Asamblea Legislativa un anteproyecto de ley que otorga a efectivos militares la facultad de usar “equipamiento, armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados que sean proporcionales al riesgo de los operativos en la lucha contra el contrabando”, según dice uno de los artículos de la norma propuesta.
Asimismo, el anteproyecto establece que “están exentos de responsabilidad las y los servidores públicos de las FFAA y de la Policía Boliviana que encontrándose en riesgo (…) no superable de alguna manera procedieran de oficio a la destrucción e inutilización de los medios de transporte y bienes encontrados en los operativos de contrabando”.
La disposición, que en el contexto de indignación que ha producido el crimen del domingo parece razonable y necesaria, tiene el problema que, por una parte, puede desencadenar una guerra entre los agentes de seguridad del Estado y los grupos organizados de contrabandistas, provocando la ya mencionada espiral de violencia; y por el otro, que puede representar una virtual aprobación de ejecuciones extrajudiciales.
No se trata aquí de negar la necesidad de imponer toda la fuerza de la ley en el combate al contrabando, que causa cada año multimillonarias pérdidas al sector productivo nacional, sino de entender que ante el poder de las mafias de contrabandistas, hace falta implementar medidas integrales, que además de sancionar ejemplarmente a quienes se involucran en este tipo de delitos, ayude a la sociedad en su conjunto a comprender que cada vez que adquiere productos importados ilegalmente está fortaleciendo al crimen organizado.
