El miércoles pasado un “megaoperativo” en el penal cruceño de Palmasola fue escenario de un violento enfrentamiento entre privados de libertad y agentes de la Policía. La intervención policial a la prisión más violenta y sobrepoblada de Bolivia se saldó con siete muertos y 24 heridos en el bando de los prisioneros y seis heridos entre los policías.
Según explicó el viernes el Ministro de Gobierno, informes de inteligencia dieron cuenta de que se estaba organizando un motín en el penal y que era inminente un enfrentamiento entre bandos rivales de reclusos, similar al ocurrido en 2013, cuando 33 privados de libertad perdieron la vida; lo que motivó el operativo policial. Luego de controlar el penal, las autoridades trasladaron a 12 reclusos, considerados los cabecillas de los diferentes grupos, incluido a uno apodado Oti, de quien se decía que extorsionaba y torturaba a otros reos para obligarles a pagar un “seguro de vida” de entre $us 1.000 y $us 1.500.
Llamó la atención el hecho de que los privados de libertad tuvieran armas para enfrentar a la Policía, lo cual pone sobre la mesa, una vez más, la precariedad con la que actúa la institución verde olivo cuando se trata de controlar los recintos penitenciarios, pero también la evidencia de una corrupción generalizada que ha hecho de las prisiones bolivianas paradigma de desorden y lenidad. La verdadera tragedia de Palmasola es, pues, el lamentable estado del régimen penitenciario boliviano.
