La renuncia del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, es un nuevo síntoma de la inestabilidad de la política latinoamericana. Las instituciones están cada vez más debilitadas por causa de la corrupción, situación que agudiza los problemas de gobernabilidad que devienen por la fragmentación electoral, la confrontación sin tregua y la desconexión cívica de los ciudadanos.
No son tiempos fáciles para los gobernantes en América Latina. El descontento se extiende, la desconfianza en las élites políticas es la norma, y la política parece incapaz de resolver los problemas de la sociedad. Esta vorágine no distingue a oficialismos de izquierda o de derecha. Si no es la rabia o la indignación, es la indiferencia y el ausentismo electoral los que castigan a las dirigencias.
En el caso de Perú, prácticamente desde que Kuczynski asumió la presidencia se fue gestando una tormenta política en su contra. Se instaló una dura lucha de poderes entre un órgano Ejecutivo que había ganado por poco en las elecciones basado en el rechazo al fujimorismo, y un Congreso dominado por esa fuerza, incapaz de superar su molestia por la sorpresiva derrota de su líder, Keiko Fujimori.
El escándalo Odebrecht complicó aún más el panorama, involucrando a casi todos los que ejercieron el poder en el Perú desde 2000. De hecho, los tres últimos expresidentes enfrentan procesos judiciales, uno de ellos ya está detenido y otro en trámite de extradición. También aparecieron indicios de hechos de corrupción impulsados por la empresa brasileña que involucran a Kuczynski y a Keiko Fujimori. De ahí los dos intentos en el Congreso por suspender al Mandatario peruano por incapacidad moral.
A ello se sumó la reciente difusión de videos que muestran transacciones en procura de conseguir los votos congresales necesarios para evitar la vacancia presidencial; revelaciones que complicaron en gran medida la permanencia de Kuczynski en el poder. Acorralado por estos hechos, el Mandatario renunció el miércoles a fin de evitar su inminente suspensión en el Parlamento; y ahora el vicepresidente, Martín Vizcarra, tiene el reto de asumir la presidencia en procura de estabilizar la situación política de su país.
Además de desearle el mejor de los éxitos en esta difícil tarea, estos sucesos deberían impulsar una reflexión interna sobre la urgencia de encarar la cuestión de la corrupción con mayor ahínco, para prevenir la desafección y el debilitamiento de las instituciones. Asimismo deberíamos tomar en cuenta los riesgos de fomentar dinámicas de confrontación en el país sin matices ni cooperación posible entre las fuerzas políticas, y en particular en contextos electorales en los que los ciudadanos no tienen más opción que elegir a sus dirigentes por descarte y no por una adhesión positiva a un programa de gobierno.
