Una selfi lo muestra con el fondo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya. Llegó a la sede del tribunal internacional de la ONU para escuchar los alegatos de Bolivia y Chile en el juicio por la demanda marítima sin ser invitado oficial. Acompañó al gobernador Rubén Costas, quien sí tuvo esa credencial.
La presencia del alcalde de Cochabamba, José María Leyes, en el Palacio de la Paz sorprendió a muchos bolivianos, que elucubraban sobre su condición de “invitado del invitado” a un acto histórico como fue la defensa de los alegatos por parte de los agentes y abogados de los países en juicio.
Su estancia en La Haya había sido más que cívica. Con Costas inició un periplo político que lo llevó a distintos cabildeos con líderes y representantes de la derecha conservadora en Europa con la premisa del 21F, que implica la protesta de la oposición boliviana contra el incumplimiento del oficialismo de los resultados del referéndum celebrado el 21 de febrero de 2016 que rechazan la posibilidad de repostulación del presidente Evo Morales a través de la modificación del artículo 168 de la Constitución Política del Estado.
¿Y por qué Leyes y no otro como acompañante de Costas en Europa? Hasta entonces, el liderazgo del Alcalde de Cochabamba era interesante y quizás su partido, Demócratas, vio fértil el terreno para proyectarlo en el país y en el exterior con miras a futuras contiendas electorales. Pero no se esperaba algo fulminante a pocos días de su retorno al país: la denuncia por la compra de 91.000 mochilas escolares con un supuesto sobreprecio difundida por la concejala Rocío Molina, del Movimiento Al Socialismo (MAS). Así comenzó su debacle personal y la de su partido.
Hace más de una semana que Leyes guarda detención domiciliaria, suspendido de sus funciones, e impedido por ley de salir del país o de Cochabamba; entretanto, el Gobierno Municipal otrora a su cargo sigue paralizado.
Aunque el Alcalde quiso defenderse con el argumento de que no había pagado un solo centavo al proveedor y que había anulado el contrato cuestionado, a pesar de que las mochilas ya fueron entregadas a los niños de su municipio, el juez consideró que hay serios indicios de su vinculación con el delito.
A partir de la decisión judicial, su gestión ha quedado en el limbo y con un serio desacuerdo entre los concejales de Demócratas, quienes no encuentran una salida racional a una inminente sustitución. Seguramente eso buscó su oposición.
La decisión de su otrora asesor Sergio Coca de alejarse del patrocinio legal, de la función pública y de los Demócratas implica una señal negativa para la salud política del Alcalde. A eso hay que sumarle la situación evidente en la que le dejó la fuga de dos funcionarios muy cercanos, José Miguel Padilla y Diego Moreno, implicados también en el caso de la provisión de mochilas.
Además de la crisis interna en Demócratas que causó el caso, llamó la atención que la semana pasada el líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, anunciara el fin de la alianza con el partido de Costas y de Leyes. El senador de UN Arturo Murillo ya había estado torpedeando al Alcalde a través de algunas denuncias.
Es evidente que el caso Mochilas, como se conoce al proceso por la compra del material escolar, ha causado fisuras y un desbande político. Hasta ahora no había acontecido un caso tan emblemático que afecte a la oposición del MAS como el que hoy pone en serios aprietos a Leyes.
El caso no solamente anula la proyección del líder cochabambino, sino que además reduce las posibilidades de que se unan las dos facciones opositoras más visibles, UN y Demócratas, partidos que tienen una interesante representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Habrá que ver si la oposición es capaz de reinventarse tras esta grave crisis.
