El tiempo pasa inexorablemente. Hace 54 años se iniciaron las dictaduras contemporáneas en Bolivia; y hace 36 años recuperamos la democracia, pero hasta la fecha no se ha establecido la verdad ni la justicia respecto a los crímenes ocurridos durante aquel periodo dictatorial. ¿Cuánto tiempo más podemos esperar?
Todos los países latinoamericanos que tuvieron problemas de violencia de Estado (Argentina, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala. Perú, Uruguay, Paraguay, Haití, Panamá, Brasil, Colombia y Honduras) ya lo hicieron. Extrañamente, en Bolivia recién en diciembre de 2016 se creó una Comisión de la Verdad (Ley 879). Luego tuvieron que pasar ocho meses más para que se posesionen los cinco miembros de esta comisión, designados por la presidencia del Estado.
Mediante el Decreto Supremo 3314, el 6 de septiembre de 2017 se creó la Secretaría Técnica de la Comisión de la Verdad, conformada por 15 miembros con los atributos para investigar las violaciones de los derechos humanos en el país durante los años de dictaduras, recibir los testimonios, revisar archivos, establecer las responsabilidades, encontrar a los desaparecidos y sugerir las recomendaciones de reparación integral y justicia. Todo esto en un plazo de dos años o máximo 30 meses, de los cuales ya han transcurrido siete meses. Todos esperamos que hayan sido fructíferos, a pesar de las ausencias, renuncias, carencias presupuestarias y otras dificultades.
Un torturador o asesino que fue parte de la dictadura de René Barrientos Ortuño (1965) a los 30 años hoy tendría 83. Si además hacen falta otros cinco años para inculparlo y procesarlo, no habrá tiempo para que purgue alguna condena. Lo único real que podemos esperar es que al menos se reescriba la verdadera historia, de tal manera que los nietos y/o bisnietos de las víctimas puedan ubicar a sus familiares asesinados o desaparecidos en el lugar correcto y se honre su memoria.
No hay más tiempo que perder, exigimos que se cumplan cabalmente los encargos, y que las organizaciones de víctimas como la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos y Mártires por la Liberación (Asofamd) presionen a los que tienen la gran responsabilidad de establecer la verdad y la justicia sobre lo ocurrido entre 1964 y 1982.
