Tras su precipitada fuga aérea de Bolivia, en el atardecer del 17 de octubre de 2003, Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín vivieron hasta este 3 de abril en estado de gracia. No solo se ahorraron la vergüenza de tener que explicarle a la gente por qué todos sus vaticinios sobre la pronta ruina del país se vinieron abajo, sino que además encontraron en Estados Unidos un blindaje protector prácticamente incondicional.
Allí, en el norte, durante una década y media pudieron expandir sus libertades y sus capitales en grado superlativo. Goni retuvo las deferencias propias de un expresidente en las universidades norteamericanas; mientras que Sánchez Berzaín continúa dirigiendo un instituto que se apoda “para la democracia”, donde publica libros, recauda fondos y vocifera conferencias.
Ayudado por sus amigos cubanos de Miami, el exministro es convidado frecuente en los estudios de televisión de La Florida. Sus afirmaciones llegan invariablemente equipadas por la palabra compuesta más desprolija del léxico ultraconservador: “castro-chavismo”. En noviembre del año pasado dijo, sin que se carbonizaran sus mejillas, que Evo Morales había ejecutado hasta ahora “20 masacres sangrientas para mantenerse en el poder”. Por ello él mismo se presenta como “defensor de los derechos humanos”, como lo hizo en octubre de 2017 en una conferencia inaugurada por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El respaldo de la Casa Blanca a estos dos hombres es desconcertante. David Greenlee, embajador de Estados Unidos en La Paz durante la masacre de octubre, contó en 2007 que su defensa a Goni llegó al extremo de exigirle a Carlos Mesa que renuncie a la vicepresidencia. “Si usted no puede respaldar a su presidente, entonces ¿por qué no renuncia?”, le habría inquirido sin haber recibido alguna instrucción previa desde Washington en ese sentido. “Yo estaba muy apenado al ver cuántos de los antiguos colegas de Goni y personas que le debían mucho, política y personalmente, parecían satisfechos viéndolo así, colgado”, confesó en otro momento, recordando que fue a interceder por Sánchez de Lozada cuando se iniciaba el juicio de responsabilidades en Sucre. “De nuestra parte, trabajamos con las autoridades allá (en Estados Unidos) para asegurar que Goni fuera tratado a su llegada como el amigo de nuestro país que era”. Es otra de las ultrasinceras confesiones del exdiplomático.
Greenlee no fue autorizado en marzo para declarar en el juicio civil contra sus amigos en Fort Lauderdale. No hizo falta. La defensa legal del expresidente y del exministro usaron todos sus informes remitidos desde La Paz para respaldar la hipótesis de que los 67 caídos en octubre de 2003 perdieron la vida por la “indisciplina” de los soldados y misteriosas balas perdidas, zafadas por los aires sin ninguna premeditación.
Pero, desde el 3 de abril de este año, estos señores son culpables también en el país al que huyeron. Que no vayan a prisión ya es, a estas alturas, irrelevante. El veredicto de la Historia está plantado. Deberán compensar a las víctimas con una fracción de su fortuna, pero más que eso, dejarán de usar la careta de víctimas. Un jurado al que no pueden reputar de “parcializado” los ha dejado desnudos en el corazón mismo de su ovillo de influencias e intercambio de favores. Fueron al escenario legal más prometedor y salieron trasquilados. Son irreversiblemente culpables.
