Hay que reflexionar sobre nuestra inquietante tendencia de adoptar posiciones extremas y caer en la intransigencia en los conflictos territoriales. Se suele decir que la salida pasa por cumplir la ley o exigirle soluciones al Gobierno, pero no podemos eludir la responsabilidad de las dirigencias sociales y de los ciudadanos en la imposibilidad de resolver la mayoría de estos entuertos.
Los especialistas en conflictividad concuerdan en que las controversias más difíciles de resolver son las que están relacionadas con límites territoriales y el acceso de sectores locales a rentas por recursos naturales. Suelen ser contextos en los que dos o más comunidades o regiones están enfrentadas, cada una convencida de que tiene la razón y de que enfrenta una batalla decisiva para su futuro.
Muchos de estos problemas no se resuelven, atraviesan momentos de alta tensión en los que la mediación es siempre muy difícil, luego se van apagando por desgaste, en tanto las soluciones definitivas se alejan por la intransigencia de los involucrados, hasta quedar apaciguados por un tiempo antes de la siguiente erupción. En nuestra cultura del conflicto, los actores apelan frecuentemente a una combinación perversa de chicana judicial, movilizaciones para llamar la atención e intentos de diálogo infructuosos, pues en el fondo nadie desea ceder.
El Gobierno suele ubicarse entre los dos fuegos. Si cede con uno, el otro le acusará de imparcialidad. Y al mismo tiempo ambas partes apuestan por torcer la voluntad gubernamental a su favor mediante la fuerza, sin darle mucha importancia a los argumentos legales o técnicos que sustenten sus reclamos.
Y peor aún, se sabe que definir un límite entre dos localidades o “la propiedad” de un recurso natural puede ser apoyada con metodologías técnicas, pero que en muchos casos éstas tienen límites obvios que son aprovechados para atrincherarse. Se puede acordar hitos en una frontera, pero es imposible, por ejemplo, encontrar argumentos técnicos o legales para definir esa línea imaginaria metro a metro. Y mejor no hablar sobre el extremo de pedir estimaciones precisas sobre la posición de un depósito de gas a cientos de metros de profundidad.
Ahí están latentes, por caso, los conflictos entre Oruro y Potosí por los límites que dividen las pampas de quinua del suroeste del país. Y en los últimos días, todos andamos en ascuas por las controversias entre Chuquisaca y Santa Cruz por las regalías del campo gasífero de Incahuasi.
El Gobierno ha cometido algunos errores respecto a la gestión del problema de Incahuasi, pero es necesario también insistir en la buena fe, racionalidad y voluntad de respetar la ley y los criterios técnicos de parte de las dirigencias regionales y los ciudadanos de ambos departamentos. Un poco de concordia y tolerancia no le vendría mal al país.
