Urge reflexionar acerca de las implicaciones de la lucha contra el contrabando en el país, particularmente en la región fronteriza del suroeste. Se trata de un asunto inquietante que debe ser manejado con cuidado. También sería deseable que la opinión pública entienda la complejidad de la problemática y, sobre todo, que se evite un debate politizado.
Han aumentado los eventos preocupantes relacionados con este fenómeno: comunidades que protegen el contrabando, hostigamiento a los funcionarios encargados de su control, denuncias de excesos de las autoridades e intentos de evitar decomisos mediante la movilización social. De igual manera, se han intensificado los casos de uso de armas de fuego y dinamita coordinados en contra de las fuerzas conjuntas de aduaneros y militares. Esto indica que hay una escalada hacia formas de crimen organizado que no conocíamos, y cuyo combate presenta siempre grandes dificultades.
Esto se produce en un contexto de evidente reforzamiento de la lucha contra este delito, que tiene mucho que ver con la voluntad y energía de la Aduana Nacional. Y esta lucha se está dando con un mayor involucramiento de las Fuerzas Armadas en los operativos, el endurecimiento de la legislación y la implementación de mecanismos novedosos como la delación premiada.
Durante muchos años se criticó la tolerancia del Estado frente a este flagelo. Pues bien, ahora que el combate parece ir en serio, aparecen preocupaciones sobre la dureza de las intervenciones, el incremento de la violencia en la frontera o incluso acerca de la conveniencia de afectar actividades que, para algunos, son inevitables para el funcionamiento del libre mercado.
Sería deseable que el debate se aclare: consideramos que el contrabando es un delito que se debe erradicar o lo asumimos como un fenómeno que debe ser tolerado mientras nos garantice cierta tranquilidad. El primer caso implica cambios en el estatu quo y todos los problemas y dilemas anteriormente reseñados. La segunda premisa podría llevarnos a promover abiertamente una apertura total de las fronteras, lo que tendría impactos de todo tipo.
Debatamos, pues, al respecto, pero sin la hipocresía de criticar los efectos negativos del recrudecimiento del control estatal y al mismo tiempo lamentarse por su supuesta inacción contra la informalidad.
Ser estricto en este combate tampoco exime de garantizar los derechos básicos y el cumplimiento del debido proceso. Es posible que sea necesario endurecer las normas y facilitar el trabajo de los funcionarios, pero eso obliga a organizar y precisar cada vez mejor el papel de los militares en esas tareas, para las que no están a priori entrenados; construir alianzas con las comunidades afectadas y recurrir mucho más a la inteligencia en su combate. La mano dura sin organización, reglas claras y respeto de derechos puede debilitar el esfuerzo.
