Con la misma pasividad expectante que vemos cada año la entrada del Gran Poder, nos alistamos para ser testigos del ritual de negociación del incremento salarial entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB). Como en una vieja película, vista hasta el aburrimiento, vemos desfilar a los actores y sus desgastados parlamentos. Esperamos el final, a ser revelado el 1 de mayo, sospechando el dato que definirá la pulseta entre la COB y el Gobierno.
El viceministro de Presupuesto, Jaime Durán, se adelanta a prevenir que la base de negociación del incremento salarial de este año será el nivel de inflación; es decir, el 2,71%. La COB reclama un incremento del 15% al salario mínimo y 10% al haber básico. Los empresarios se apresuran a amenazar con despidos, sosteniendo que “la presión salarial está llegando a un límite riesgoso”.
Más allá de los discursos y acuerdos, ¿qué implica esta negociación para nuestras vidas? Planteamos al menos tres discusiones para considerar.
El salario mínimo de un país se fija en función de los costos requeridos por una o un jefe de familia para cubrir sus necesidades y la de sus hijos.
De allí la insistencia de la COB de fijar este monto en Bs 8.309 según su cálculo del costo de la canasta familiar. Por otro lado, de acuerdo con datos del INE, la línea de pobreza está fijada en Bs 760 por persona en el área urbana. Es decir, una familia de cuatro miembros debe tener un ingreso mensual de Bs 3.040 para no ser considerada pobre. Así, por mucho que los empresarios consideren que Bs 2.000 es un salario elevado, éste solo cubre el 65% de las necesidades de un hogar, según los cálculos más conservadores. Por tanto, a pesar de los sostenidos incrementos, las familias trabajadoras todavía están lejos de cubrir los altos costos de su reproducción.
Un segundo punto a considerar tiene que ver con la limitada cobertura de las medidas de incremento salarial, que corresponden solo a los empleados formales. Algunas aproximaciones nos hablan de tan solo un 25 a 30% de la fuerza de trabajo real, ya que la mayoría se encuentra empleada en pequeñas empresas no reguladas o generando su propio empleo. En este segmento el incremento salarial obligatorio a veces se traduce en amenazas de despidos. Sin embargo, las investigaciones demuestran que incrementos modestos en el salario mínimo (por ejemplo un 10%), partiendo de salarios mínimos bajos en comparación con el promedio, no tienen un impacto negativo en el empleo, pero sí mejoran los ingresos de los trabajadores con menos ingresos, ayudando así a disminuir la pobreza. Por otro lado, un incremento en los ingresos de los trabajos formales podría fortalecer la capacidad adquisitiva del mercado interno, favoreciendo a los pequeños negocios.
Por último, un tema pendiente de abordar es la enorme heterogeneidad de las empresas en Bolivia y las diversas estrategias de negociación para la contratación y el pago de la fuerza de trabajo. Claramente es necesario un abordaje de políticas diferenciadas que comprenda sus características específicas. Los diversos acuerdos a los que llegan las personas en sus relaciones laborales se generan al margen de las consideraciones de negociación de la COB, que muchas veces es percibida como una organización que representa a la oligarquía de los trabajadores. Así, nuestra mayor energía no debe ser puesta en el dato mediático del incremento salarial de este año, sino en discutir las postergadas reformas a la Ley General del Trabajo que nos permitan ampliar la cobertura de seguridad social y beneficios a todas las personas que viven cotidianamente de su trabajo.
