Según un borrador de informe presentado en su reciente 17° periodo de sesiones, el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU reiteró su llamado a los Estados miembros a “establecer mecanismos y procesos para lograr diálogos comprensivos y consultas con los pueblos indígenas”. La preocupación tiene que ver con el consentimiento previo, libre e informado.
La Constitución Política en Bolivia reconoce un amplio y muy avanzado catálogo de derechos colectivos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Uno de esos derechos es a la consulta previa, de buena fe y concertada que el Estado, obligatoriamente, debe realizar cada vez que se prevean medidas en territorios indígenas. Este derecho contempla también la participación de los pueblos en los beneficios de la explotación de recursos naturales. El reto del mandato constitucional es su cumplimiento.
La preocupación expresada en el foro apunta a la necesidad de respetar a plenitud el ejercicio de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. En cuanto al mencionado derecho a la consulta, la condición mínima es que sea previa, libre e informada. En el país este asunto fue objeto de disputa con el proyecto de construcción de una carretera por el TIPNIS. En su origen, en 2011, el Gobierno primero negó la necesidad de una consulta. Luego la hizo con varios cuestionamientos.
En el presente, el debate sobre la consulta previa (consentimiento, más bien) se concentra en torno a dos proyectos hidroeléctricos de gran alcance: El Bala-Chepete y Rositas. En ninguno de ellos el Estado ha realizado, todavía, la obligatoria consulta previa a los pueblos indígenas que serán afectados (el reporte del foro menciona a los guaraníes, mosetenes, tacanas, tchimanes, lecos, ese ejjas y uchupiamonas). La empresa pública responsable dice que habrá consulta cuando concluyan los estudios.
La otra cuestión pendiente vinculada al derecho a la consulta previa, reconocida como un mecanismo de la democracia directa y participativa, es la ausencia de una ley que regule su ejercicio. Transcurridos más de nueve años de vigencia de la Constitución Política, aún no se cuenta con una normativa que garantice la consulta previa en megaobras como carreteras e hidroeléctricas, o en la explotación de recursos naturales no renovables. Hay un proyecto de ley, pero sigue congelado en la Asamblea.
En tal contexto, la presencia de Bolivia en el Foro Permanente es de alta relevancia. Cabe recordar que, en su reciente intervención, el presidente Evo Morales demandó con vehemencia respetar a la Madre Tierra a fin de salvar a la humanidad y la vida misma, que están en peligro. Propuso también hablar de derechos en lugar de “cuestiones” indígenas. Los dos temas están siendo considerados en el ámbito internacional. Mientras tanto, en el frente interno urge conciliar las palabras con los hechos.
