Por alguna razón que bien podría inspirar estudios sociológicos o antropológicos, una de las profesiones que más falsificaciones de títulos tiene es la de abogado. Tal vez sea porque quienes tienen la temeridad de falsificar su título profesional en Derecho creen que les basta con un poco de sentido común y conocimiento de las leyes. Pero el costo es muy alto.
Solo en lo que va del año, la Fiscalía ha recibido siete denuncias de falsos abogados descubiertos ejerciendo la profesión sin tener título profesional ni estar en el Registro Público de Abogados (RPA), instrumento que desde la vigencia de la Constitución Política del Estado en 2009 reemplaza al registro que realizaba cada colegio departamental de abogados. En 2017 fueron 10 casos y un año antes hubo 16 denuncias. En total se estima que hay cerca de 35.000 personas dedicadas a las actividades relacionadas con el derecho que cuentan con su respectivo registro.
Los problemas asociados a trabajar con el patrocinio de un falso abogado son muchos, tanto para el cliente que resulta estafado, como para el propio sistema de justicia. Pues si la retardación de justicia ya es un problema mayor, cuando se descubre a una persona ejerciendo ilegalmente la profesión, el proceso debe volver a fojas cero, con la consiguiente pérdida de tiempo y dinero, sin mencionar los costos emocionales asociados a cualquier litigio judicial.
Un ejemplo emblemático del perjuicio que causan los abogados sin título ni registro profesional es el de la principal acusada del caso Zapata, cuyo abogado terminó tras las rejas por ejercer la profesión sin estar habilitado para hacerlo. Por una parte, dejó desprotegida a su clienta y la hizo aún más vulnerable por sus prácticas ilegales (atribuyó una identidad falsa a un menor de edad, presentó como pruebas conversaciones de WhatsApp que se dijo eran falsificadas, y un largo etcétera). Y por otra, cuando fue acusado de falsedad material, se declaró “perseguido político”, echando todavía más sombras sobre un sistema de justicia que no logra salir de su crisis estructural.
Otras víctimas de falsos abogados consultadas por este diario coinciden en señalar los costos y daños sufridos, incluyendo la pérdida de los documentos inmersos en los procesos y, en los casos cuando se descubrió al falso abogado, la anulación de obrados, que en los hechos implica volver a iniciar un juicio. La pérdida de confianza en las instituciones y sus agentes es el inevitable resultado de todo esto.
Hay, pues, razones de mucho peso para mantener y reforzar los controles al ejercicio de la profesión de abogado (lo mismo que aplica para muchas otras, como la medicina y las ingenierías, por citar solo dos ejemplos), así como para asegurar a la población un acceso fácil y confiable a las fuentes para verificar si se trata de profesionales autorizados o no. Es parte de la construcción de institucionalidad.
