El gobierno de Mariano Rajoy, líder del Partido Popular (PP), acabó el viernes de manera dramática cuando, a instancias de una moción de censura en el Parlamento, fue reemplazado en el cargo por el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez. La causa para el abrupto final está en la galopante corrupción que afectó al PP.
El cambio de gobierno en España se produjo ocho días después de que la Justicia dictara sentencia contra 29 personas, que juntas suman 351 años de prisión, en el marco del Caso Gürtel, un entramado de corrupción iniciado en la administración de José María Aznar en 1999 que posibilitó adjudicaciones de obras públicas con sobreprecio en favor de empresas (una de ellas dedicada a organizar actos públicos para el Gobierno) que luego devolvían parte del dinero al PP, que para el efecto tenía doble contabilidad.
El caso, apenas uno de varios que se ventilan en la Justicia española en contra el partido conservador desde hace una década, ha sido de tal gravedad que el propio PP fue sentenciado por la Audiencia Nacional en su calidad de persona jurídica, lo cual ha sido la causa fundamental enarbolada por el PSOE para sustentar su moción de censura, que fue apoyada por 180 diputados, representantes de Unidos Podemos, ERC, PNV, PDeCAT, Compromís, Bildu y Nueva Canarias, además de los legisladores del partido socialista.
Durante las dos sesiones del Parlamento en las que se discutió la moción en contra de Rajoy, quien declinó la oferta de renunciar para evitar ser censurado, menudearon las acusaciones mutuas más cargadas de furia que dotadas de sustento. Sin embargo, la retórica no fue suficiente para ocultar el hecho de que el partido gobernante y gran parte de su cúpula dirigente están salpicados de sospechas, si es que no están pagando delitos ante la Justicia.
A su vez, el nuevo Presidente de gobierno tiene ante sí el reto no solo de gobernar sabiéndose deudor de los siete partidos que lo apoyaron en la censura de su antecesor, sino sobre todo de llevar adelante una gestión ejemplar en un contexto marcado por una lenta recuperación económica, una evidente pérdida de confianza en las instituciones del Estado y, sobre todo, un conflicto mayor con los separatistas catalanes. Parlamentarios del PP ya han prometido que ejercerán una oposición inflexible.
En muchos sentidos lo ocurrido en España es ejemplar para otros países. Ha quedado demostrado que la corrupción, y mucho más si es institucionalizada como en este caso, es fácilmente detectable y punible; así como también que una Justicia independiente puede ayudar a salvar a las instituciones y sancionar a los corruptos. Queda ver, por una parte, si el PSOE logra ponerse a la altura de las circunstancias y, por otra, si es que nos encontramos frente a un verdadero cambio en la política española.
