El conflicto de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) debiera incentivar un debate sobre el futuro del sistema universitario del país. Hay que pensar en la mejor manera de sostener el financiamiento de estas instituciones en un escenario de mayores restricciones fiscales, a partir de criterios asociados a la mejora de sus estándares de calidad educativa.
En un país acostumbrado a conflictos sociales que suelen tener evoluciones tortuosas y desenlaces poco claros, se tiende a olvidar en poco tiempo los problemas estructurales que los provocan. Se buscan soluciones rápidas para superar la coyuntura, las cuales resuelven en el mejor de los casos los síntomas del conflicto, pero sin enfrentar los factores que suscitaron el problema.
El reclamo de la UPEA por mayor presupuesto debería incentivarnos a reflexionar sobre los grandes retos que tiene el sistema universitario boliviano en términos administrativo-financieros, pero también con relación a la calidad de su modelo educativo. Durante una década, las universidades públicas se beneficiaron, como todas las entidades estatales, de un crecimiento significativo de sus recursos. Esto fue posible por la excepcional coyuntura de bonanza fiscal que experimentó el país gracias al súbito aumento de la renta del gas, escenario que probablemente no se repetirá en esa misma dimensión en el futuro.
Con esos recursos, las universidades aumentaron su oferta educativa, contrataron más personal y mejoraron su infraestructura. Sin embargo, la sostenibilidad de ese modelo era frágil por su gran dependencia de recursos públicos, cuyo incremento tarde o temprano iba a ralentizarse, dando lugar a un contexto de restricciones financieras, obligando a las universidades a optimizar su gestión administrativa y a planificar con prudencia su expansión.
El caso de la UPEA es sintomático de esta crisis. Según las estadísticas del CEUB, esta universidad ha duplicado su número de docentes entre 2010 y 2015, llegando a tener incluso más profesores contratados que la UMSA o la UAGRM. Crecimiento llamativo considerando que en 2015 el número de alumnos que tenía matriculados no representaba ni siquiera la mitad de los que atienden las universidades mencionadas.
Hay, pues, evidentes problemas de planificación y gestión administrativa en la entidad alteña, que no se resolverán solo con una mayor asignación de recursos. Esto sin considerar las dudas que existen sobre la eficiencia y calidad de su modelo educativo. Por supuesto que el Estado debe hacer un esfuerzo para apoyar a la UPEA, pero esta universidad no puede obviar compromisos concretos para racionalizar su manejo administrativo y mostrar resultados en beneficio de las capacidades de los alumnos que alberga. Esas son las cuestiones de fondo que hay que empezar a resolver, no solo en la UPEA, sino en todo el sistema universitario.
