El 24 de mayo, la Policía dispersó una protesta protagonizada por estudiantes, docentes y administrativos de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), quienes estaban bloqueando el único acceso al Aeropuerto Internacional de El Alto. En medio de este operativo murió el universitario Jonathan Quispe, a raíz del disparo de una canica que impactó en su pecho, según el informe de autopsia.
Como era previsible, esta muerte incrementó la tensión entre el Gobierno y la UPEA, cuyos representantes llegaron a pedir la renuncia del ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien pasó a ser uno de los protagonistas del conflicto por las declaraciones de prensa que dio respecto a los presuntos responsables del deceso del universitario. Y es que en un principio señaló a los propios manifestantes como los responsables de disparar la canica desde un petardo. Luego, el propio Romero presentó a un subteniente como autor de este delito, tipificado posteriormente de “asesinato”. A modo de descargo, los jefes policiales y el Ministro de Gobierno afirmaron que el oficial acusado había actuado de forma personal. Es decir, que se habría roto la cadena de mando.
A su vez, el Defensor del Pueblo pidió una auditoría de las armas que usan los policías para enfrentar estas protestas. Un pedido más que necesario, pues resulta fundamental que las autoridades esclarezcan con qué tipo de armas disuasivas cuenta la Policía para mantener el orden público; información que además contribuiría a esclarecer la muerte de Jonathan Quispe.
