Faltando todavía 11 meses para la convocatoria a elecciones generales, ya hay señales similares a las de hace cinco años en torno a los comicios de 2014. Por un lado, el oficialismo sostiene a su candidato único: el presidente Morales. Por otro, las oposiciones hablan de unidad mientras preparan, por separado, sus estrategias electorales. La novedad es el debate sobre primarias.
En relación al gobernante MAS-IPSP, es evidente que no tiene fisuras ni dudas, al menos públicamente, respecto a la candidatura presidencial de Evo, con quien ganaron tres elecciones consecutivas con mayoría absoluta de votos. Es, pues, su candidato hasta ahora ganador. Pero hay dos diferencias sustantivas respecto a los comicios anteriores. La primera es la previsión de cambio en su candidato vicepresidencial tras el repliegue de García Linera; la segunda, el resultado del referéndum del 21F.
En tanto en el oficialismo está claro que no hay plan B, en las oposiciones la situación es más difícil y compleja: no tienen plan A. Tal como ocurrió en el escenario 2014, hay un sentido común en torno a la necesidad de unidad. La oposición partidaria sabe que con varias candidaturas sus posibilidades de ganarle al MAS son reducidas. Empero, su anhelado “frente amplio” acusa tres carencias fundamentales: no “aparece” candidato, no existe base programática y, lo esencial, no hay voluntad de unidad.
Una diferencia importante en el actual campo opositor es el surgimiento de las autodenominadas “plataformas ciudadanas”, que articulan iniciativas y movilización en torno al respeto del 21F. Esto es el rechazo a la reelección de Morales. Lo crítico como bloque es que estas plataformas desconocen a las actuales fuerzas tradicionales de oposición y, por principio, no quieren convertirse en partido. La única coincidencia, sin afinidad organizativa, es desalojar al MAS de la flamante Casa del Pueblo.
En este contexto, tan repetido como incierto, la principal novedad viene por el lado de una propuesta de reforma normativa. Nos referimos al planteamiento de que los binomios presidenciales para los comicios de 2019 sean resultantes de un proceso de primarias partidarias. Dichas primarias, según el proyecto de Ley de Organizaciones Políticas elaborado por el Tribunal Supremo Electoral, serían obligatorias, simultáneas, cerradas a la militancia y administradas por el Órgano Electoral con recursos públicos.
¿Qué implicaría en el actual escenario político y preelectoral que las candidaturas presidenciales sean elegidas en primarias y no, como hasta ahora, por mecanismos varios, no siempre democráticos, de cada fuerza política? Es probable que más que elección, lo que se produzca sea un impulso de legitimidad para los ya conocidos y declarados precandidatos. La duda gira en torno a posibles alianzas, en especial en la oposición, que tendrá que acelerar o definitivamente renunciar al frente amplio.
