El Viceministro de Defensa Social reveló que en la zona de La Asunta, en los Yungas paceños, hay personas que tienen hasta cinco hectáreas de plantaciones de coca, muy por encima del límite máximo aceptado. Según la autoridad, entre esas personas hay quienes encubren al narcotráfico. La revelación viene precedida de malas relaciones entre cocaleros yungueños y Gobierno.
En efecto, la autoridad responsable de la lucha contra el uso ilícito de la hoja de coca señaló que, según “información veraz” recogida por su despacho, en la federación de productores de coca de La Asunta hay “algunos patrones de la coca”, refiriéndose a quienes además de poseer cultivos del arbusto por encima del límite de una hectárea, “prácticamente encubren al narcotráfico”.
El límite antes señalado es parte de diversos acuerdos firmados con la dirigencia de los productores de la hoja de coca de Yungas y en ellos se establece que los cocaleros no pueden tener más de una hectárea con ese cultivo en La Asunta. Sin embargo, un trabajo realizado por el Viceministerio de Defensa Social reveló que en la tradicionalmente conflictiva zona hay 13 productores con más de cinco hectáreas cada uno; nueve tienen al menos cuatro hectáreas; 53, al menos dos y 256 productores tienen poco más de una hectárea cada uno.
El viceministro respondió de esa manera las afirmaciones de algunos dirigentes de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca), que en los recientes conflictos por la ampliación de la superficie permitida para el cultivo del arbusto y de la cuota para la venta libre de la hoja afirmaron que el Gobierno erradica únicamente los cultivos de quienes se manifiestan como opositores. Según se ha denunciado, el contingente de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) asentado en la región es constantemente hostigado con la explosión de dinamita.
Las revelaciones del viceministro son un buen recordatorio que desde hace más de una década la zona de La Asunta es considerada como un sitio preferido por productores y traficantes de pasta base y cocaína, en gran medida por su ubicación geográfica, razón por la cual los intentos de establecer cuarteles de la FTC siempre fueron activamente resistidos por los pobladores.
Asimismo, con la divulgación de esta información, el Gobierno reconoce finalmente que la considerada zona tradicional de cultivo de coca, que según la Ley General de la Coca tiene dos tercios de las 22.000 hectáreas permitidas en todo el país, también es zona de producción y tráfico de sustancias controladas y que no toda la hoja que se produce allí es comercializada en los mercados legales o se destina a la producción de derivados lícitos.
La declaración deberá ser seguida no solo de renovados esfuerzos de los cultivos excedentarios, sino sobre todo de más severas tareas de interdicción al narcotráfico en la zona, que puede convertirse en territorio altamente peligroso.
