La politización de la Justicia es uno de los fenómenos que más está debilitando el funcionamiento de la democracia en América Latina. El sistema judicial debe garantizar en todos los casos el debido proceso y la presunción de inocencia. Sería deseable que el conjunto de la clase política actúe con mesura en estas situaciones.
Las recientes complicaciones judiciales que ha experimentado el expresidente de Brasil Ignacio Lula da Silva y la multiplicación de procesos que afectan a exmandatarios y funcionarios públicos en la mayoría de los países de la región ponen en evidencia la compleja relación que se está estableciendo entre la administración de la justicia y la política. Una de las dimensiones de esta crisis tiene que ver con la existencia de malos manejos en las esferas políticas, es el caso por ejemplo de las licitaciones en favor de la empresa brasileña Odebrecht. Por lo tanto, sería normal y hasta recomendable que esos comportamientos se destapen, investiguen y sancionen con severidad.
Sin embargo, este contexto también ha impulsado una creciente instrumentalización de la Justicia por los actores políticos de todos los sectores. Tal parece que la manera más eficaz para dañar al contrincante es poniendo en duda su honorabilidad y reputación. Las “guerras sucias” se han vuelto un instrumento casi normal e incluso preponderante en la confrontación política y electoral de la región. Acabamos, pues, inundados de denuncias, acusaciones cruzadas y estrategias para generar confusión en el ciudadano.
La lentitud burocrática y la falta de recursos técnicos y legales del sistema judicial tampoco colaboran a un procesamiento eficiente, transparente y oportuno de esta avalancha de procesos. Lo cual contribuye a aumentar la impunidad y la percepción de que la Justicia está instrumentalizada. El balance final es desastroso para la credibilidad de los actores políticos. Adicionalmente, la desconfianza y el malestar se imponen en la vida pública.
Frente a este panorama, es necesario hacer un llamado a los operadores judiciales para que garanticen en todos los casos los principios universales del debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia. Ellos deberían ser garantes de un tratamiento profesional de estas causas y de un manejo prudente de la información sobre su desenvolvimiento.
La acción equilibrada de la Justicia debería estar acompañada por una actitud de mesura y de prudencia en los actores políticos. Aunque la tentación de instrumentalizar esas situaciones para beneficio propio siempre será grande, no se debe perder de vista que esas actitudes son perjudiciales para la democracia y para todos los ciudadanos, pues erosionan la confianza en las instituciones nacionales y atizan enfrentamientos polarizados que no aportan a la resolución de los problemas de fondo.
