Han transcurrido más de 70 años desde la promulgación de la Ley General del Trabajo, norma que fue aprobada en 1939 como decreto y luego fue elevada a rango de ley en 1942. Desde la vigencia de esta ley, más de 2.000 disposiciones modificatorias se han incorporado a la legislación laboral vigente en Bolivia. A esta descomunal cantidad de normas emitidas debe agregarse la aparición de nuevas modalidades de trabajo vinculadas con el creciente desarrollo tecnológico, la incorporación de nuevos agentes y sectores en la economía, así como nuevas formas de contratación; aspectos que, entre otros, demandan una inmediata actualización normativa.
También resulta importante tomar en cuenta que las decisiones adoptadas por sucesivos gobiernos han convertido al Estado en uno de los principales empleadores del país, motivo por el que los trabajadores del sector público, en sus diferentes niveles y sectores, deben contar con la protección efectiva de sus derechos laborales; y del mismo modo es responsabilidad del Estado generar políticas de creación de empleo decente y trabajo digno.
La falta de empleo, los bajos salarios y la posibilidad de quedar desocupados son preocupaciones de la gran mayoría de los bolivianos. Tales consideraciones deberían orientar toda reforma integral de las normas laborales.
El trabajo, especialmente remunerado, sigue ejerciendo una función central en la vida humana, en virtud de su contenido económico, social y valórico. Trabajar significa contribuir al progreso material de la sociedad, al tiempo que el empleo genera un ingreso que, según su nivel, facilita la subsistencia y la mejora de las condiciones materiales de vida de las personas.
Las relaciones laborales hoy no pueden continuar bajo leyes de 1939, decretos supremos en desuso, resoluciones ministeriales, administrativas, autos supremos e instrumentos jurídicos que no mantienen concordancia y han quedado fuera del contexto jurídico. La visión boliviana sobre este punto debe ser compatibilizada con la Constitución Política del Estado, que brinda un reconocimiento y protección expresos al trabajo y a los derechos laborales.
Sin embargo, la actual normativa laboral no responde efectivamente a estos enunciados. Por ello, la sociedad boliviana no debe esperar a que se genere un mayor caos jurídico por el excesivo desorden de normas que en materia laboral rigen en la actualidad. El escenario internacional para la protección del trabajo digno debe servir para analizar y proponer una nueva Ley del Trabajo y del Empleo. Una nueva norma laboral permitiría tanto a trabajadores como a empleadores y al propio Estado identificar qué es lo que se tiene que tutelar, cómo se va a tutelar y bajo qué normas, reglas y parámetros se lo va hacer.
Una nueva ley laboral general, en concordancia con los cambios producidos en Bolivia y el mundo desde 1939 a la fecha, debería orientarse según los siguientes objetivos mínimos: (i) ampliar la cobertura de protección a la mayoría de personas que hoy no gozan de este derecho; (ii) regular la relación de trabajo (empleador-empleado) con carácter protectivo de los derechos de los trabajadores; y (iii) sentar las bases para que la protección de los derechos de los trabajadores no signifique su desprotección derivada de la no creación o recelo en la creación de nuevas fuentes de trabajo.
Por último, resulta de la mayor importancia que en el proceso de deliberación sobre los contenidos y alcances de la nueva legislación laboral se garantice la más amplia participación de los actores directamente involucrados (Estado, empresarios y trabajadores), de los representantes de los jóvenes y de las mujeres, así como de los juristas y expertos en el campo del derecho laboral contemporáneo.
