Como había sido anunciado, la Cámara de Diputados aprobó la madrugada del sábado el proyecto de Ley de Organizaciones Políticas. La norma tiene como base un anteproyecto elaborado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Esta semana será el turno del Senado. Si bien el debate se concentró en un artículo, la nueva ley incorpora varias innovaciones sustantivas.
Un día en comisión y dos jornadas en el pleno bastaron para que la Cámara de Diputados, al impulso de la mayoritaria bancada oficialista, aprobara lo que pronto será la Ley de Organizaciones Políticas (LOP). Esta norma busca reemplazar la legislación todavía vigente, pero obsoleta en la materia (en especial la Ley de Partidos Políticos, de 1999). Si bien la LOP contiene 105 artículos, los actores políticos y la cobertura mediática se ocuparon en exclusiva de las primarias para la elección de binomios presidenciales.
¿Por qué es necesaria una nueva norma que regule a las organizaciones políticas? Porque la democracia interna en estas agrupaciones sigue siendo una asignatura pendiente. Y la LOP plantea precisamente una serie de mecanismos para que los partidos y las agrupaciones ciudadanas se democraticen integralmente, empezando por la definición de sus candidaturas y dirigencias. El reto es que, además de tener vida orgánica, las organizaciones políticas sean democráticas y no estén sujetas a decisiones cupulares, verticales y discrecionales.
Otra importante innovación de la LOP tiene que ver con el financiamiento. Después de una década librados solo al financiamiento privado de las organizaciones políticas, la nueva norma plantea un avanzado modelo mixto que incorpora la figura del “fortalecimiento público”. No es un retroceso al pasado de financiamiento directo, sino un avance en tanto se prevén recursos públicos, administrados por el TSE, para garantizar condiciones más equitativas de acceso a los medios en procesos electorales.
Hay otros dos cambios sustantivos. Uno es el reconocimiento de los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos a participar en elecciones con sus organizaciones propias, aunque restringidas al nivel subnacional. El segundo es la inédita adopción normativa de la “democracia paritaria” y de un “régimen de despatriarcalización” en las organizaciones políticas para garantizar la participación igualitaria de las mujeres, a quienes se protege también con mecanismos contra el acoso y la violencia política.
Ninguna de estas cuestiones fue debatida ni destacada al calor de la disputa entre oficialismo y oposición por las elecciones primarias que, en rigor, son parte de la querella mayor en torno a la repostulación del presidente Morales. Las disposiciones transitorias de la LOP establecen la realización de tales primarias el 27 de enero de 2019. Ello implica que la muy esperada “competencia” y definición del TSE sobre las candidaturas se anticipa para los primeros días de diciembre próximo. Será ley.
