Hace ya muchos años que en gran parte del mundo hay conciencia plena de los muchos males que acarrea el tabaco; prueba de ello son las restricciones que se han impuesto al consumo de cigarros, cigarrillos y cualquier otra presentación de esta sustancia. En La Paz, el Gobierno Municipal está a punto de convertirse en el primero del país en tener una norma al respecto.
Propuesta meses atrás, la norma fue aprobada en grande hace pocos días, y su tratamiento en detalle se vio paralizado debido a diferencias en algunos puntos y a que, según el presidente del Concejo Municipal, hay “algunos aspectos que podrían hacer que la norma sea inaplicable”. Razón por la cual se ha anunciado un proceso para recoger posiciones y opiniones en la sociedad paceña. Una idea que no solo ayudará a zanjar diferencias, si las hubiera, sino sobre todo a plantear un debate público acerca de la necesidad de imponer restricciones al consumo de esta sustancia, que no por legal es menos dañina para la salud.
En Bolivia, la primera vez que se legisló sobre esta materia fue en 2005, cuando a través de la Ley 3029 se aprobó el Convenio Marco para el Control del Tabaco —acordado en 2003 en el marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS)—. Dos años después, se aprobó el Decreto Supremo 29376, que entre otros aspectos prohíbe fumar en ambientes públicos cerrados, la venta de cigarrillos por unidad y la comercialización cerca de centros de salud o educativos. La ley municipal recoge el espíritu de estas normas.
Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y otras instituciones nacionales, cada día mueren 12 personas como consecuencia del hábito de fumar. El costo de atender las enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco en el sistema de salud nacional, sobre todo infartos y cánceres diagnosticados, supera los Bs 1.500 millones. A estos datos debe añadírsele que La Paz es el municipio con mayor consumo de tabaco en el país, y que la edad promedio en que las personas se envician con la nicotina es de 13 años.
La norma municipal, que será reforzada más adelante cuando se apruebe un proyecto de ley presentado a la Asamblea Legislativa Plurinacional en 2017, establece, además de las restricciones antes anotadas, el derecho de los no fumadores a respirar aire puro y libre de humo de tabaco, a reclamar cuando alguien fume en espacios cerrados y, sobre todo, a acudir a la autoridad competente para exigir protección.
Es, pues, una buena iniciativa impulsar este tipo de normas, incluso si son resistidas por algunos grupos de fumadores; ya que con ellas se dan importantes pasos para evitar que las nuevas generaciones accedan al tabaco y, queriéndolo o no, resulten adictas a la nicotina, principal causa de enfermedades no transmisibles que causan dolor a las familias e incalculables costos en materia de atención en salud.
