El 10 de abril de 1879, en una nota diplomática calificada como “reservada” enviada desde la Embajada de EEUU en Santiago de Chile al secretario de Estado, William Evards, en Washington DC., el diplomático Thomas Osbron confiesa que “(…) en conversaciones con algunas personalidades chilenas (empresarios y militares) se sabe que el valor de los territorios ocupados superaban los 400 billones de dólares, peso en oro, y que por esa razón Chile no moverá sus tropas de Antofagasta (…)”. Evards recibió la nota el 16 de mayo de 1879, tal como consta en los archivos del Departamento de Estado y en el Archivo del Senado con el título Papers of The War in South America/ US-Senate, January 26, 1882.
En medio de los intentos de mediación (reuniones en el Lakawanna) los oficiales chilenos en reportes a sus superiores (memorias de Arturo Pratt y Patricio Lynch) admiten que los cargamentos de armas, municiones, uniformes y fondos para mantener a la tropa continuaban llegando a buen puerto desde Europa. En el gobierno de Aníbal Pinto y el de Santa María, el danés Holger Birkedal cumplió funciones de “agente especial” ante Europa y era parte de un equipo de inteligencia militar dirigido por Joaquín Godoy en el Perú. Birkedal se encargó de firmar acuerdos militares y buscar ayuda económica en Italia, España, Bélgica, Holanda e Inglaterra para afrontar la guerra (fuente: correspondencia, 37-HK-Joaquín Godoy Cruz-Ministerio de Guerra de Chile, 1879-1884-Servicio Secreto Chileno/1879-GParvex).
En 1876 la economía chilena era paupérrima, casi miserable (Chile and Peru: The London Bond Market 1876-1880). Con una deuda externa que superaba los 3,9 millones de libras esterlinas, que se triplicó a 9,5 millones para finales de 1878, Chile estaba obligado a impulsar el “negocio de la guerra”. Asfixiado por acreedores ingleses y la crisis, decenas de empresarios europeos migraron a zonas peruano-bolivianas, ricas en minerales (Recuele des Sentences Arbitrales-The Alsop Chaim, Chile vs Usa, July 5, 1911). La migración de capitales causó terror en la oligarquía chilena, que sufría en su intento de conquistar tierras mapuches (Ministerio de Hacienda y Ministerios de Guerra de Chile, 1876-1892-The Alsop Claim, pg. 345-360).
Develada la pobreza del Estado chileno, previa al asalto en Antofagasta, la clase política chilena no quiso reconocer que desde los gobiernos de Federico Errázuriz, Aníbal Pinto y de Santa María, “sabían” la existencia del tratado “secreto”. Joaquín Godoy, cónsul chileno, amigo íntimo del presidente peruano Manuel I. Prado que dirigía el Servicio Secreto chileno en Perú, recibió la información de la boca del propio Prado a los dos días de la rúbrica del acuerdo (fuentes: The Secret Service of Chile at the Pacific War, Guillermo Parvex-2008; y La Guerra del Pacifico, diario de campaña de Diego de Duble, junio de 1912). Pese a estos datos irrefutables, la clase política chilena cree sus propias mentiras y reinventa mitos con ínfulas de país “europeo” cuando impone la fuerza ante la razón.
Un folio recopilado y editado por el Senado de EEUU en 1883 titulado Papeles Relativos a la Guerra en Sudamérica, compilado por Sir, Chester Alan Arthur, con documentos originales a los que tuve acceso, es evidencia plena e irrefutable de que los acuerdos de paz y los tratados fueron firmados bajo amenaza de invasión.
Chile tendrá que reescribir su historia, pues al perder con Perú la disputa marítima, demostró que la historia no se construye con mitos ni mentiras. La felonía fue develada, y aunque la resolución de La Haya no cambie el pasado, la luz de la verdad debe iluminar el presente y el futuro de ambas naciones.
