El país se encuentra ciertamente en una coyuntura difícil. El panorama internacional contiene todo tipo de incertidumbres, y en el ámbito nacional hay complejos problemas institucionales que resolver; pero, asimismo, es preciso proporcionar respuestas eficaces a las dificultades de la coyuntura económica y política inmediata.
Para nadie es un secreto que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se ha debilitado notablemente en su credibilidad institucional, y muy probablemente también en su capacidad efectiva de garantizar la correcta realización de todos los pasos preparatorios de las elecciones generales previstas para fines del próximo año. Con el agravante de que se encuentra sometido a enormes presiones conducentes a cambiar la normativa vigente e innovar procedimientos que violan principios constitucionales, en unos casos, o colocan dificultades mayúsculas para la organización de las fuerzas de la oposición, en otros. Por ambas vías se perjudica gravemente la posibilidad de que el sistema político nacional y las formas legítimas de representación ciudadana se reconstruyan genuinamente en términos democráticos, equitativos y transparentes.
En segundo lugar, el país tiene que resolver ahora con serenidad y madurez la forma en que encarará en el futuro el tratamiento de su reivindicación marítima irrenunciable, después del fallo adverso de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Junto con eso se requiere un examen serio sobre las nuevas condiciones de nuestra inserción económica internacional, habida cuenta de que ya no están asegurados los recursos en divisas para financiar los grandes proyectos pendientes en materia de infraestructura.
El aumento de la deuda externa, la reducción de las reservas internacionales y las desfavorables perspectivas de las exportaciones de gas natural a Brasil y Argentina constituyen problemas serios, que no se resolverán por cambios inesperados en el exterior. Son las decisiones internas las que deben conducir a la transformación del modelo de desarrollo primario-exportador que se ha consolidado en la década y media pasada, al calor de una inicial bonanza externa, que ya no cabe duda alguna de que ha concluido.
En otras circunstancias, una de las respuestas a mano hubiera consistido en fortalecer mediante iniciativas novedosas los vínculos comerciales y de complementación productiva con los países sudamericanos. Pero esta opción no está por el momento disponible, en razón de la crisis que afecta a todos los mecanismos de integración y cooperación de América del Sur. Hace falta, en consecuencia, un enfoque renovado de las políticas económicas, sociales y ambientales a corto, mediano y largo plazo, que apunten, entre otros objetivos, a aumentar el umbral de autodeterminación nacional en un contexto de fragmentación e incertidumbre del orden económico internacional.
Las experiencias pasadas no demuestran necesariamente que en coyunturas de intensa polarización electoral surjan propuestas estratégicas robustas, y mucho menos si los propios procedimientos están cada vez más desacreditados ante los ojos de la ciudadanía, y en particular de los jóvenes de todas las clases sociales que participan por primera vez en una elección nacional.
Por eso mismo, parece la ocasión oportuna para plantear con toda seriedad la consigna general de una profunda reforma intelectual y moral del país, demandada por parte de sectores y movimientos de la sociedad civil y propuesta como horizonte de cotejo de las propuestas programáticas; la calidad de los liderazgos y la solidez de las organizaciones que terciarán a la postre a fines del próximo año por la preferencia de los electores, en pos de la reconstrucción de las instituciones primordiales y la renovación general del liderazgo político.
