Es cierto que no se puede condenar a toda una institución por el mal comportamiento de algunos de sus miembros, incluso en caso de graves crímenes; sin embargo, en muchas ocasiones es posible que esa institución favorezca de un modo u otro el que esos abusos se produzcan. Ese parece ser el caso de la Iglesia Católica, que afronta un creciente número de denuncias por abuso sexual.
Los casos de países como Chile o EEUU, por citar los escándalos más recientes, incluyen a cientos de víctimas y estructuras de encubrimiento que operaron durante muchos años. En Bolivia, sin llegar a ese extremo, la Iglesia Católica ha tenido que afrontar al menos siete casos solo en la última década y hay más de seis decenas de presuntas víctimas de pedofilia.
En la Conferencia Episcopal de Bolivia reconocen la existencia de tres casos, pero un recuento de las noticias publicadas desde 2010 revela la existencia de otros cuatro. De éstos, se sabe que hay cuatro sacerdotes que fueron sentenciados, y uno de ellos se quitó la vida; existe un proceso abierto contra otro presunto violador; un acusado escapó de Bolivia y se sabe que vive en Uruguay; finalmente, uno guarda detención preventiva mientras es investigado.
En el Arzobispado de Cochabamba explican que cuando se registra una denuncia de abuso sexual contra un sacerdote, lo primero que se hace es avisar al obispo del distrito y a la Policía para que el caso sea investigado. La autoridad eclesial debe entrevistarse con el denunciado, y “si la denuncia es positiva”, el obispo procede a la suspensión y le pide al acusado que “deje de ejercer su ministerio ipso facto”, explica un miembro del Arzobispado cochabambino.
Hay casos sin embargo en los que las instituciones de la Justicia no ayudan, como ha sucedido en Santa Cruz, donde un niño denunció haber sido violado por un sacerdote de 78 años de edad. Según el médico forense, el niño no fue abusado, pero la psicóloga de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia afirma que el menor tiene todos los síntomas de la víctima de un abuso. Otros estudios que se realizan ayudarán a determinar si el sacerdote es culpable o no.
Sin ser motivo de satisfacción para nadie, el recuento de casos muestra que la impunidad no es la norma en la Iglesia Católica boliviana, pero también muestra que entre los miembros de la institución hay una tendencia a cometer este horrible pecado, que sin duda está presente en otros ámbitos de la sociedad, lo que no exime de culpa, sino todo lo contrario, a quienes dicen dedicar su vida a la virtud y el amor de Dios.
En tiempos en los que muchas instituciones están perdiendo su relevancia social y la confianza de sus seguidores, la Iglesia Católica tiene ante sí la obligación moral de mostrar más arrepentimiento por los crímenes de sus sacerdotes, que además de ser horribles en sí mismos dejan profundas heridas en las víctimas.
