En medio de una de las peores tormentas que ha atravesado el sistema judicial boliviano, a raíz de audios y denuncias que apuntan a una condena injusta de un médico, por supuestas presiones de la Fiscalía en procura de encontrar un culpable para cerrar un caso emblemático en lugar de buscar justicia, una carnicera fue condenada a tres años de cárcel por matar de un cuchillazo a una perrita callejera que se atrevió a robar un pedazo de carne de su puesto en un mercado de Cochabamba. Ambos casos evidencian la riesgosa predisposición de algunos jueces y fiscales por apaciguar a como dé lugar la indignación de la ciudadanía cuando se cometen delitos que afectan la sensibilidad de la población. Predisposición tanto más preocupante por cuanto puede traducirse no solo en sentencias más severas de lo que correspondería, sino también en la condena de personas inocentes.
Respecto a la sentencia de la mujer (el caso del bebé Alexander amerita un comentario independiente por la gravedad de los hechos que denota), se trata de una determinación típica de la justicia penal convencional, que busca castigar a los infractores en lugar de procurar que se responsabilicen por sus acciones, reparando en la medida de lo posible el daño cometido, tal como busca la justicia restaurativa. Siguiendo este enfoque, hubiese sido preferible por ejemplo que la carnicera preste un servicio comunitario en un centro para perros callejeros, donde seguramente habría aprendido a querer a estos animales, antes que encerrarla tras las rejas varios meses, poniendo en riesgo la sostenibilidad de su hogar.
