El nuevo culebrón jurídico ha terminado de echar por tierra lo que quedaba, si restaba algo, de la credibilidad y confianza en la Justicia boliviana. Días atrás señalábamos que el mal comportamiento de un miembro no debería afectar a toda la organización; pero el caso del médico sentenciado sin pruebas por una jueza que confesó su crimen muestra que el problema es estructural.
Fue la jueza Patricia Pacajes, del Tribunal 10º de Sentencia, quien, según su propia confesión (grabada sin su conocimiento ni consentimiento en una reunión de copas), se atrevió a sentenciar a un médico sabiendo que no era culpable, pues no existían evidencias en su contra. Pacajes, en medio de su involuntaria confesión, también reveló su lado racista y discriminador, lo cual le valdrá una nueva acusación, además de las tres que ya pesaban en su contra.
La historia parece propia de un personaje del Marqués de Sade, donde el vicio prevalece sobre la virtud gracias a la acción, entre otros, de infames jueces, capaces de las peores atrocidades. Pero además de una inexplicable inclinación a hacer el mal a consciencia, el problema revela que la ahora acusada fue solamente un eslabón en la larga cadena de la injusticia boliviana.
Previsiblemente todas las piedras de la opinión han caído sobre la jueza indiscreta, pero poco se ha mirado en el hecho de que ella recibió una proposición acusatoria débil y, según confesó, lo hizo presionada por otras instancias del laberinto jurídico boliviano, en particular de la Fiscalía, mostrando de esta manera que la injusticia puede ser la norma a la hora de tomar decisiones influidas por poderes poco visibles. Peor imagen proyecta este caso cuando varios personajes involucrados en la trama han afirmado que temen por su vida.
Si cuando se dictó sentencia fue por causa de un encendido debate público que demandaba identificar y sancionar ejemplarmente a un culpable de la muerte de un bebé, que previamente había sido maltratado primero por sus padres y después en el hospicio que lo acogió, los últimos días sirvieron para ocupar la atención preferente de la opinión pública.
Desde el punto de vista del médico que resultó siendo víctima, el fin de la historia que lo puso durante meses tras las rejas no necesariamente significa una redención del horrible estigma que pesa sobre él ni de las consecuencias que esto acarrea. ¿Qué clase de justicia restaurativa puede ofrecerle el Estado a esa persona?
Es frecuente escuchar que la administración de justicia en Bolivia no puede caer más bajo, pero cada nuevo caso parece ser peor que el anterior, y no se observa predisposición alguna para transformar ese estado de cosas, que hizo posible que un consorcio de fiscales y jueces destruya con una sentencia amañada la honra de una persona falsamente acusada. Toca poner en movimiento la agenda de la Cumbre de Justicia, pues de no hacerlo habrá un nuevo argumento para poner en duda la legitimidad de un proyecto político que aleja la justicia del pueblo.
