Este 20 de octubre se cumplió otro aniversario del titulado Tratado de Paz y Amistad, suscrito en la capital chilena en 1904, entre los gobiernos de Bolivia y Chile, para poner fin a la guerra iniciada el 14 de febrero de 1879, que despojó a la hermana república andina de su salida al mar. A comienzos de este mismo mes, casualmente otro octubre, se dio a conocer en La Haya el fallo de la Corte Internacional de Justicia, desfavorable a la petición boliviana de obligar a su vecino a “continuar dialogando en busca de una solución”, decisión fundamentada en la vigencia del mencionado Tratado de 1904.
En realidad, lo primero que se rubricó para poner término al estado de guerra existente entre ambas naciones sudamericanas fue un Pacto de Tregua y no un tratado definitivo de paz, el 4 de abril de 1884. Este acuerdo, que mantenía el dominio manu militari de Chile sobre el litoral boliviano conquistado en la sangrienta contienda, aceptaba que el país austral otorgaría a Bolivia un acceso soberano al mar una vez definida la situación de Tacna y Arica, territorios ocupados por Perú durante el conflicto.
La misma intención chilena apareció después reflejada en el Tratado de Transferencia de Territorio firmado con Bolivia el 18 de mayo de 1895, que de nuevo postergó el reconocimiento de una salida al mar a la solución del destino definitivo de los antiguos territorios peruanos de Tacna y Arica, un proceso entonces inconcluso. Dos artículos de este Tratado establecían que: “Si la República de Chile no pudiese obtener en el plebiscito o por arreglos directos la soberanía definitiva de la zona en que se hallan las ciudades de Tacna y Arica, se compromete a ceder a Bolivia la caleta de Vítor, hasta la quebrada de Camarones, u otra análoga (…). Un arreglo especial determinará los límites precisos del territorio que se cede conforme al presente Tratado”.
Pocos años después, el Gobierno chileno desconoció estos acuerdos, con el propósito de apropiarse de manera permanente del antiguo litoral de Bolivia, sin cumplir el compromiso de una salida soberana al mar, lo que fue impuesto en el Tratado de 1904.
Para conseguirlo, el Gobierno chileno se valió de todo tipo de presiones diplomáticas y militares, pues su ejército todavía ocupaba Puno y amagaba con marchar sobre La Paz, aprovechando la extrema debilidad del Gobierno boliviano de posguerra, que debió aceptar la cesión definitiva de su litoral.
El clima amenazante creado por Chile llegó al extremo que ilustra el prepotente ultimátum del embajador chileno en la capital boliviana, Abraham Koning, del 13 de agosto de 1900: “En cumplimiento de las instrucciones de mi gobierno y partiendo del antecedente aceptado por ambos países de que el antiguo Litoral boliviano es y será siempre de Chile (…). Terminada la guerra, la nación vencedora impone sus condiciones y exige el pago de los gastos ocasionados. Bolivia fue vencida, no tenía con qué pagar y entregó el Litoral (…) Es un error muy esparcido y que se repite diariamente en la prensa y en la calle, el opinar que Bolivia tiene derecho de exigir un puerto en compensación de su Litoral.”
Bajo esa tremenda presión fue que se firmó el Tratado del 20 de octubre de 1904 que despojó legalmente a Bolivia de toda la provincia de Antofagasta, territorio estratégico para su potencial desarrollo, que tenía unos 120.000 kilómetros cuadrados, 400 de ellos de costa. El acuerdo fue ratificado en 1905 por los respectivos congresos. Tiempo después, el Gobierno boliviano comenzó a reclamar una salida al Pacífico, exigencia que ha continuado sin solución de continuidad. Desde entonces, el tema ha sido un obstáculo permanente en las relaciones entre los dos países.
La injusticia histórica cometida contra Bolivia, ratificada ahora por la Corte Internacional de Justicia, fue seguida en aquellos días trágicos de la Guerra del Pacífico (1879-1883) por José Martí, el apóstol de la independencia de Cuba, consagrado entonces a la causa emancipadora antillana, quien nos legó valiosas reflexiones sobre el verdadero significado de esta conflagración que mantienen plena vigencia. En su extraordinario ensayo Nuestra América (1891), teniendo en mente los dramáticos episodios de la contienda fratricida que tanto le conmovieron, llamó a la imprescindible unidad de nuestros pueblos ante el inminente peligro mayor: la brutal expansión de Estados Unidos sobre las tierras de la América meridional:
“Los que, al amparo de una tradición criminal, cercenaron, con el sable tinto en la sangre de sus mismas venas, la tierra del hermano vencido, del hermano castigado más allá de sus culpas, si no quieren que les llame el pueblo ladrones, devuélvanle sus tierras al hermano. Las deudas del honor no las cobra el honrado en dinero, a tanto por la bofetada. Ya no podemos ser el pueblo de hojas, que viven en el aire, con la copa cargada de flor, restellando o zumbando, según la acaricie el capricho de la luz, o la tundan y talen las tempestades; ¡los árboles se han de poner en fila, para que no pase el gigante de las siete leguas! Es la hora del recuento y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado, como la plata en las raíces de los Andes.”
* Historiador cubano y catedrático de Historia de América Latina en la Universidad de La Habana.
