El Seguro Universal de Salud (SUS) anunciado semanas atrás por el Presidente y cuyas “bases” fueron aprobadas a fines de octubre en una “cumbre” nacional de movimientos sociales, que discutieron por dos días el modo de implementar y hacer operativa la oferta lanzada desde el Gobierno, debe comenzar a operar desde enero de 2019.
Sin duda, uno de los aspectos más polémicos para cualquier gobierno es administrar la salud pública y las prestaciones médicas que la acompañan, mucho más en un país como Bolivia con un histórico déficit en materia de hospitales, médicos especialistas, tecnología y una larga lista de factores que hacen a la calidad de este servicio básico y derecho humano. Un seguro universal de salud como el que el Gobierno ha concebido e impulsado en la cumbre de salud (de la que se excusaron de participar los colegios médicos) viene a llenar en gran parte ese vacío, mas no está exento de conflictos y complicaciones.
El primero de ellos es la ferviente oposición que el gremio de los médicos profesa a toda iniciativa gubernamental. Como contrapartida, desde el Estado se evidencia una falta de rigor en la planificación de los propósitos y actividades que la salud pública requiere. Miles de metros cuadrados de infraestructura hospitalaria se han construido en la última década, pero no han sido suficientes para resolver asuntos estructurales en el tema de la salud que nunca antes fueron abordados siquiera con la mínima seriedad necesaria.
La cumbre ha dispuesto, entre otros aspectos, que los gobiernos autónomos municipales destinen el 15,5% de las transferencias que reciben por concepto de coparticipación tributaria a financiar las prestaciones del SUS. Es el monto que actualmente aportan para los servicios de salud pública. Previsiblemente, en las principales ciudades del país este porcentaje implica una cifra considerable, pero en la mayoría de los municipios alcanza para poco o nada; y es en ellos donde más se necesita mejorar los servicios de salud, comenzando por los primero y segundo niveles.
También se ha dispuesto que la administración de los centros de salud de tercero y cuarto nivel pasen a ser tuición del Gobierno nacional y dejen de depender de los gobiernos departamentales. Incluso si fuese una buena idea, esta determinación es contraria al espíritu autonómico que la Constitución Política enuncia como futuro y destino del país. Las gobernaciones, no todas, han fallado ostensiblemente en mejorar el acceso de su población a la salud, pero el nivel nacional no ha mostrado mejor iniciativa, como no sea destinar recursos, que los otros niveles no tienen, para construir infraestructura y no siempre de la mejor calidad.
Urge más sinceramiento en todos los actores de este ámbito, pues mientras los cálculos políticos de corto y mediano plazo sean el horizonte hacia el cual se apunta, toda idea nacerá con un defecto congénito que la hará inviable o insuficiente.
