En una declaración ligera y más bien confusa, la Unión Europea (UE), asediada en casa por la creciente presencia de partidos de extrema derecha, hizo conocer su preocupación por la institucionalidad electoral en Bolivia con miras a los próximos comicios generales. El mensaje, con alguna variación, fue rápidamente secundado por el Departamento de Estado de la Administración Trump.
¿Qué dice en esencia el comunicado de la portavoz de asuntos exteriores de la UE? Que no habrá “condiciones justas y equilibradas” para las elecciones mientras persista el asedio político (“acusaciones y amenazas”) contra los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Se refiere al anuncio de juicios por la habilitación del binomio oficialista para las primarias de enero.
Más allá del debate sobre la injerencia de la UE y del Departamento de Estado en asuntos internos del país, la inquietud es correcta: resulta deplorable que las autoridades de un órgano del poder público sean intimidadas por decisiones institucionales. Más todavía cuando la vara depende de quién resulte “favorecido” o “perjudicado”. No importan los argumentos, sino los efectos.
Hoy toda la sala plena del TSE está bajo advertencia de cárcel. Y eso genera inestabilidad institucional. El MAS amenazó a dos vocales, pero no pasó de las palabras. La oposición, en cambio, llevó la bravata a los hechos: juicio penal y proceso administrativo contra cuatro vocales. Los más radicales hablan de “banda de los seis”. Pese a celebrarlo, no entendieron el mensaje de la UE.
