En el intento por hacer un resumen de año de lo que ha pasado en internet y sus efectos en la sociedad y la política en Bolivia, lo más evidente es que hemos consolidado un sentido social negativo de los espacios web. Temas como seguridad digital, ciberseguridad, violencias digitales, discursos de odio, fake news, desinformación, ataques troll, suplantación de identidad, entre otros, se han vuelto comunes en las noticias y en los comentarios entre amigos. Y la sensación de inseguridad y riesgo que provocan estos eventos, dicen varios estudios, desincentivan el ingreso a internet.
Si bien navegar en la red o no hacerlo es una decisión personal, también hay que entender que se trata de un espacio lleno de oportunidades, por la cantidad y diversidad de información a la que se puede acceder a través de plataformas digitales. Entonces, si una persona decide no tener vida en internet, está desechando varias opciones de mejora de vida; y eso genera finalmente más brechas socioeconómicas que, como cualquier brecha, no son justas.
No quiero decir que todas las personas deben estar atadas a sus celulares mirando videos o chateando con amigos todo el tiempo, como sucede ahora con varios usuarios y usuarias. Más bien abogo por una navegación sana e informada acerca de sus derechos, aprovechando oportunidades y con conocimiento suficiente para prevenir riesgos y saber cómo proceder en el caso de ser víctima de algún incidente.
Como hemos visto en casos como Estados Unidos, Brasil o Argentina, los procesos electorales intensifican las ansias de dañar estos espacios digitales. Así que es de esperar que las dinámicas sociales digitales sean aún más intensas en Bolivia en 2019, en el sentido de riesgos y amenazas de parte de las empresas, los gobiernos, las candidaturas presidenciales y los medios, por citar algunos actores.
En Bolivia, con una población y autoridades que en general no entienden las complejidades de la vida digital, sin normas que defiendan los derechos civiles en internet, y con dinero e intereses políticos que desean afectar la intención de voto, tenemos un escenario en el que los actores institucionales y empresariales responsablemente deberían generar iniciativas de alfabetización digital para preservar la integridad de las personas y del sistema. Pero por lo que se ve esto no sucederá. Los funcionarios gubernamentales están preocupados por mostrar innovaciones tecnológicas sin tomar en cuenta salvedades legales y humanas; mientras que las empresas se preocupan por generar más ganancias, sin ver que si no preservan a sus usuarios, el negocio se le caerá. Un año difícil, un año que requiere esfuerzos desde la sociedad civil.
