Transcurridos más de dos meses desde su convocatoria por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), las primarias para la elección de binomios presidenciales, a realizarse el 27 de enero, están en el centro de la disputa política. Hoy está claro que, más que un ejercicio de democracia interna en los partidos, será un episodio de medición de fuerzas entre el MAS-IPSP y la oposición.
Desde su inclusión en la nueva Ley de Organizaciones Políticas, promulgada el 1 de septiembre, las primarias generaron controversia. La discusión gira no tanto sobre el mecanismo, más bien aceptado por todos, sino respecto a su oportunidad. Lo que podía ser un proceso facultativo de implementación gradual hasta los comicios de 2024, se convirtió en mandato legal, mediante una disposición transitoria, para su realización obligatoria en 2019. Fue como un tsunami en el tablero político-electoral.
La saludable idea de que los binomios presidenciales sean elegidos no por cacicazgo o herencia, ni por una cúpula partidaria, ni a dedo, sino por decisión de la militancia mediante el voto, ha tenido en el actual escenario un triple efecto. Primero, el adelanto del proceso electoral en varios meses. Segundo, el allanamiento de la habilitación del binomio oficialista, a reserva de la querella por la reelección. Y tercero, el sobresalto de las dirigencias, forzadas a mirar sus partidos por dentro.
El mecanismo de primarias tuvo su momento de sinceramiento con la inscripción de candidaturas, el 28 de noviembre. Fueron reveladores, por un lado, el elevado número de binomios registrados (nada menos que nueve, ocho de la oposición); y por otro, la presencia exclusiva de binomios únicos. Estos datos de dispersión y de clausura muestran que la necesaria transición hacia primarias competitivas tomará más tiempo. Hay privilegios y resistencias. Igual es un avance que la fuente de origen sean las urnas.
En tal escenario, diferentes voces de la oposición, algunas con curioso rezago, plantean la suspensión de las primarias. Dicen que son innecesarias y, encima, costosas. El oficialismo, por su parte, reafirmando que habrá votación en enero, considera que constituyen un acto democrático y que, como toda elección o consulta, requiere presupuesto (en este caso, establecido por el TSE). Todos estos supuestos, de uno y otro lado, son discutibles. Lo cierto es que, ley vigente de por medio, no hay marcha atrás.
¿Qué sigue? En las cinco semanas que restan para la elección, más allá de cuestiones organizativas y logísticas asumidas por el Órgano Electoral, la tarea mayor recae en los partidos: deben motivar, informar y movilizar a sus militancias a fin de lograr una alta participación. No habrá competencia intrapartidaria, hay que lamentarlo, pero sí pulseada interpartidaria. Es una disputa de legitimidad, por más que estas primarias inaugurales en Bolivia no cumplan su propósito de democratización interna.
