La celebración, ayer, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer encontró en el país gran eco tanto de parte del Estado como, sobre todo, de la sociedad civil, que exige más esfuerzos estatales para erradicar esta enfermedad de la sociedad, mientras ayuda a reconocer las múltiples formas en que se manifiesta
Para comprender el alcance de este problema, sirve la definición establecida en la Convención para la Eliminación de Toda Forma de Violencia Contra la Mujer de la ONU: “Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.
La violencia contra las mujeres puede adoptar infinidad de formas, desde el sutil acoso, hasta el feminicidio. Es un drama cotidiano, que por eso mismo es aceptado como “normal” o “inevitable” en gran parte de los casos. Así, la violencia contra las mujeres es un problema con proporciones de epidemia; incluso probablemente sea la violación de los derechos humanos más generalizada de las que se conoce hoy en día.
De ahí que, en el marco de los esfuerzos globales por hacer visible la presencia de las múltiples formas de violencia que sufren las mujeres, ayudar a las sociedades a reconocerlas como un problema y fomentar las medidas para combatirlas y en lo posible eliminarlas, el Estado boliviano se precia de tener una legislación de avanzada gracias a la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley 348).
Sin embargo, a un lustro de su promulgación, el desafío sigue siendo la correcta asignación y eficiente gestión de recursos para las tareas vinculadas con su cumplimiento, incluyendo la dotación de equipamiento e infraestructura. En este ámbito, la reglamentación señala claramente las competencias de los distintos niveles gubernativos y establece sus fuentes de financiamiento. Esta vez la tarea le toca al Estado en todos sus niveles, y el reto consiste en crear una institucionalidad acorde con el espíritu de la Ley 348, lo que implica además de dinero una profunda convicción en la causa de acabar con la violencia hacia las mujeres.
Considerando que en lo que va del año ya se han registrado casi 100 asesinatos de mujeres por el solo hecho de serlo, y que son cotidianas las noticias que dan cuenta de abusos físicos, sexuales y psicológicos contra mujeres, adolescentes y niñas, urge hacer todavía más esfuerzos no solo desde el Estado, que tiene una enorme responsabilidad, sino desde toda la sociedad, comenzando por hacer intolerable cualquier tipo de agresión y, sobre todo, por educar a niños y niñas en una nueva pedagogía, donde la violencia no solo no tenga cabida, sino que pueda ser transformada.
