Ante el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el sentido de que Chile no está obligado a negociar una salida soberana en el Pacífico a favor de Bolivia, se ha visto coartada la posibilidad de que el Estado nacional busque una solución pacífica y civilizada para superar el enclaustramiento marítimo del país, provocado por una guerra injusta. De esta manera, se desestimó una solución lógica y racional, lo que obliga a Bolivia a emprender otro camino, consistente en solicitar el resarcimiento de los daños y perjuicios incurridos por Chile al haber incumplido el Tratado de 1904.
Tal como lo define el periodista Iván Bustillos (La Razón 7/10/2018), no existió un análisis integral por parte de los 12 jueces de la CIJ que fallaron a favor de Chile, quienes adoptaron una posición conservadora del derecho internacional; mientras que los tres jueces disidentes revelaron que las pruebas presentadas por Bolivia no fueron debidamente analizadas. Por caso, el juez Daudet opinó que la CIJ no tuvo el cuidado de contextualizar el Estado de derecho, siendo que cuando se asumen de manera acumulativa los elementos judiciales, éstos producen efectos legales. Por otra parte, Daudet sostuvo que los aspectos morales no fueron correctamente abordados, al ignorarse los principios de buena fe, componente fundamental de toda negociación internacional.
Al considerar las fallas conceptuales en los ámbitos legal y moral, Bolivia debe retrucar el fallo de la CIJ, cuestionando el incumplimiento del Tratado de 1904, y demandado una indemnización por los daños ocasionados por demoras constantes en el embarque y la internacionalización de las mercaderías, que ascienden a aproximadamente $us 700 millones, cifra que podrá ser comprobada y respaldada por instancias internacionales.
Cuando se acudió a la Corte de La Haya primó el concepto de “borrón y cuenta nueva” que Chile no supo valorar. Tampoco valoró las buenas intenciones de Bolivia de solucionar el conflicto a través de diálogo y el entendimiento. Es más, Santiago celebró la equivocada resolución del tribunal internacional como si hubiese sido una batalla ganada. Sin embargo, tras el fallo del CIJ el 74% de los chilenos admitieron que existen temas pendientes con Bolivia (La Razón, 9/19/2018). Asimismo, el 73% de los chilenos manifestó estar de acuerdo en que se restablezcan las relaciones entre ambos países.
Una nueva acción legal contra Chile deberá ser realizada por el mismo equipo que defendió la salida soberana por dos razones fundamentales: por la experiencia adquirida y por los contactos internacionales realizados durante el proceso. En términos de costo-eficiencia, se deberían recuperar los montos invertidos en el juicio original, junto a los aproximadamente $us 700 millones mencionados anteriormente. Este asunto representa una obligación del Gobierno nacional por dos razones fundamentales: el retruque ante una decisión equívoca y por la obligación intrínseca de recuperar los daños y perjuicios incurridos por Chile durante muchos años por el incumplimiento del Tratado de 1904.
Existe un tercer aspecto de análisis dentro del materia costo-beneficio relacionado con el costo de oportunidad. Al no contar con un acceso soberano, Bolivia debe identificar nuevos accesos de salida hacia el mar. Al haber identificado puertos como Ilo y Puerto Bush, Bolivia deberá incurrir en inversiones cercanas a los $us 2.000 millones.
Para concluir, debemos actuar con valentía, buen criterio y razonamiento para obtener resultados. Nada está perdido, simplemente las condiciones han cambiado hacia un mejor panorama; como reza un refrán: “No hay mal que por bien no venga”.
* Analista económico, titulado de la American University.
