En las últimas semanas, se ha apoderado una suerte de psicosis en algunos sectores de la población mexicana que consideran estar frente a la escasez de combustible más grave de la historia del país, lo que los impulsa a realizar largas filas para llenar los tanque de gasolina de sus vehículos. Si bien es cierto que efectivamente existen dificultades en el suministro de carburantes, éstas no responden a la escasez, sino a la implementación de un plan para combatir el robo de combustible, que en México alcanza niveles dramáticos y que se conoce con el nombre de “huachicoleo”. Según datos de la UNAM, en México diariamente se roban aproximadamente 60.000 barriles de combustible, equivalentes a 7 millones de litros. Tan solo en 2018 el daño económico al Estado por este robo fue de aproximadamente 60.000 millones de pesos mexicanos ($us 3.130 millones).
La empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) tiene un rol fundamental para la economía del país; cabe recordar que en sus mejores épocas llegó a aportar el 47% del Producto Interno Bruto (PIB). El plan implementado por el presidente Manuel López Obrador implica el resguardo de 58 instalaciones estratégicas de Pemex y la intervención del sistema de monitoreo. Esto ha generado cortes en el proceso de distribución, lo que a su vez ha provocado dificultades en el abastecimiento en algunas gasolineras en varias ciudades del país. Sin embargo, esto no significa que exista escasez de combustible.
El hurto de carburantes en México es un problema de años, que tiene entre sus causas la falta de inversión en infraestructura de almacenamiento y distribución. Según la periodista mexicana Ana Lilia Pérez, el mayor saqueo a Petróleos Mexicanos se realiza a través de una compleja estructura interna. Pérez afirma que el 20% del total del combustible saqueado se extrae de tomas clandestinas realizadas por personas externas a Pemex; mientras que el 80% restante es sustraído por los propios trabajadores de la empresa estatal. Si bien el huachicoleo a la principal empresa mexicana se ha mantenido en los diferentes sexenios, en la gestión de Enrique Peña Nieto se incrementó en un 262%.
Pero el robo de combustible es solo la parte visible del crimen organizado inmerso en toda la cadena de producción. Una vez que los hidrocarburos llegan a las refinerías, se inicia el robo en las cisternas, con la complicidad del personal a cargo del monitoreo. Durante los operativos implementados por el gobierno de López Obrador se encontraron tomas paralelas (ilegales) en las propias refinerías y en otras instalaciones de Pemex. Por esta razón, el Presidente decidió intervenir las refinerías, las terminales de almacenamiento, estaciones de rebombeo y los ductos de Pemex.
El huachicoleo es ejecutado por redes criminales integradas por trabajadores de la empresa estatal, transportadores privados de combustible, efectivos policiales y gasolineras que compran el producto robado y lo venden como si fuera legal. Las largas filas en las gasolineras mexicanas no responden a la escasez de carburante, nada más equivocado. El desabastecimiento parcial responde a medidas necesarias para recuperar los recursos estratégicos de todos los mexicanos, los cuales, por fortuna, todavía abundan.
El plan impulsado por el gobierno de López Obrador busca sentar soberanía sobre los recursos de un país históricamente saqueado. Y ojalá sea una batalla de toda la población contra los saqueadores. En este sentido, urge la participación de todos los habitantes de México, comprometiéndose a no comprar combustible robado, y poniendo los intereses de la nación por encima de mezquindades individuales.
* Máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
