Jamás imaginé que el título de la canción Escándalo del cantautor Raphael hubiese podido reflejar con tanta precisión lo que viene sucediendo en la Academia Nacional de Policías (Anapol), en la que operaba una organización criminal dedicada a la manipulación de los exámenes de admisión y de las notas; integrada por autoridades policiales jerárquicas, subalternos y personal civil.
Incluso esta red, que acaba de ser desmantelada, habría diseñado “paquetes” a elección de los padres de familia para garantizar el ingreso de sus hijos a este instituto de formación policial, siendo el “Combo 12” el más difundido, consistente en la asignación de las máximas calificaciones en un total de 12 pruebas, y cuyo “costo” fluctuaba entre los 10.000 y los 14.000 dólares. Entre otros beneficios, este paquete aseguraba la aprobación de los exámenes físicos, médicos y de conocimiento.
La red de corrupción operaba en niveles que iban desde los responsables de evaluar áreas de salud, educación física y de conocimientos, donde se suplantaban exámenes y adulteraban notas en complicidad con las empresas contratadas; los encargados del cobro de dineros a los potenciales interesados, para finalmente llegar a los oficiales con mayor antigüedad que determinaban qué aspirantes debían ser admitidos.
A raíz de estos acontecimientos que enlodan la imagen de la Policía, la Fiscalía de La Paz dispuso la aprehensión de al menos cuatro altos jefes —el rector y vicerrector de la Universidad Policial (Unipol), el exinspector general de la Policía y el asesor jurídico de la Anapol— investigados por los presuntos ilícitos de cohecho pasivo, uso indebido de información privilegiada e influencias, incumplimiento de deberes y asociación delictuosa. A esta lista se suman la doctora Fanny M., responsable de la valoración médica de los postulantes y en cuya cuenta bancaria se halló Bs 1 millón; un oficial y los representantes legales de las empresas encargadas de las pruebas, entre otros.
Las indagaciones deben continuar hasta esclarecer definitivamente estos hechos dolosos que socavan la imagen y credibilidad de la Anapol; sobre todo considerando que se ha puesto en tela de juicio la ecuanimidad y transparencia de los procesos de selección y de los postulantes, los cuales ya han sido cuestionados en el pasado. También deberían ser convocados los 261 aspirantes, de un total de 351, en cuyos trámites se detectaron irregularidades. Pues aquellos que habrían pagado para asegurar su ingreso a la Anapol habrían cometido un cohecho pasivo penado por ley, pero también y sobre todo para precautelar el futuro ingreso de postulantes probos e idóneos a la carrera policial; ya que sobre quienes recaerá la noble y digna función de servir a la sociedad manteniendo el orden público e interno, a tiempo de precautelar la seguridad ciudadana.
Lo cierto es que nuevamente la entidad policial se encuentra en el ojo de la tormenta por irregularidades que golpean duramente a oficiales de alto rango, quienes, por acción u omisión, habrían permitido que el lastre de la corrupción actúe impunemente al interior de una institución que irónicamente debería ser la encargada de erradicarla. Pareciera ser que “donde se pone el dedo, salta la pus”, en una Policía plagada de denuncias de corrupción y escándalos al más alto nivel, y sobre todo subyugada al manoseo político.
Para cambiar esta realidad hacen falta transformaciones estructurales internas; la ejecución de procesos disciplinarios; y especialmente una sana e inevitable autocrítica, que devenga de un examen honesto, moral y ético capaz de orientar la firme convicción y compromiso de la necesidad de luchar sin cuartel contra el flagelo de la corrupción, profundamente enraizada en la institución verde olivo.
* Docente investigador de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS).
