Hace un mes, cuando de manera accidental un policía que jugaba al fútbol en una de las canchas de la Avenida del Poeta recibió una descarga eléctrica que le costó la vida, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz tuvo que reconocer que el siniestro había ocurrido por un cable incorrectamente aislado y que debía mejorar el mantenimiento que da a estos espacios públicos.
Lamentablemente no es el único lugar donde existe peligro de una descarga eléctrica asociada al mobiliario urbano. Una periodista de este diario recorrió las calles del centro y descubrió, solo en tres arterias principales, 38 postes de alumbrado público dañados y con cables expuestos, que son un peligro latente para las y los peatones.
Se trata de elegantes postes de alumbrado con diseño clásico, que fueron instalados durante la década de 1990, cuando se renovó la avenida 16 de Julio y otras calles aledañas al Palacio Consistorial, que en su base tienen una tapa para acceder, precisamente, a la conexión eléctrica que hace funcionar las luminarias. Gran parte de esas tapas ha sido forzada y la mayoría ha desaparecido, dejando expuestos los cables.
El secretario de Infraestructura Pública del municipio paceño reconoce que se trata de un problema que afronta el gobierno local y lo atribuye a “gente que, evidentemente, busca robar energía del alumbrado público”. Agrega la autoridad que no solo se evidencia en los postes antes descritos, sino también en plazas y parques e, incluso, en las luminarias ubicadas en los puentes de la urbe. La empresa de energía eléctrica, Delapaz, tiene el mismo problema, sostiene.
Así, es evidente que si bien corresponde al Gobierno Municipal asegurar que estos peligros no existan, dando adecuado mantenimiento al mobiliario urbano, hay muchas personas que por necesidad o simple falta de escrúpulos se exponen a descargas eléctricas con tal de ahorrarse el pago por el fluido eléctrico que ilumina sus viviendas o sus negocios callejeros.
Es fácil imaginar que el presupuesto de mantenimiento de estos objetos, y de muchos otros que están en las calles para el uso de los habitantes de la ciudad, es verdaderamente oneroso, sobre todo debido a la falta de cultura ciudadana de gran parte de la población, acostumbrada desde siempre a considerar que los bienes públicos son “de todos y de nadie”, es decir que no solo no los cuidan, sino que se sienten autorizados a dañarlos sin razón alguna.
Corresponde que el gobierno local muestre una mayor sensibilidad por la seguridad de los habitantes de la urbe, amén de dar adecuado mantenimiento a los bienes públicos, a fin de dar la mejor imagen posible a los ojos de quienes visitan la ciudad sede de gobierno; pero también toca a la población hacerse cargo de sus actitudes y comportamientos, no solo evitando dañar el ornato y los objetos públicos, sino también poniendo en evidencia a quienes lo hacen.
