La naturaleza reservada de las Fuerzas Armadas (FFAA), razonable tomando en cuenta que muchas de sus actividades tienen carácter estratégico para la defensa del país, también parece ser un estímulo para que algunos malos oficiales crean que pueden hacer negocios irregulares, cuando no francamente ilegales y delictivos, al amparo del secreto que rodea a las tareas castrenses.
De ahí que días atrás el Ministerio de Defensa haya tenido que hacer la penosa revelación de que conoce de al menos 1.000 causas penales por actos de corrupción en las FFAA, según informó el Director de Asuntos Jurídicos de esa cartera. Naturalmente no todos los casos son de la misma gravedad, y la opinión pública conoce de un puñado de ellos; y en particular de cinco casos, que representan un daño económico de casi Bs 300 millones.
El más conocido es el de la compra fraudulenta de barcazas en China. En 2009, la Empresa Naviera Boliviana encargó a dos empresas chinas la fabricación de 16 embarcaciones y dos remolcadores, que una vez entregados no fueron trasladados hasta Bolivia, lo que implicó, además, un millonario pago por almacenaje. Dos militares y tres civiles afrontan procesos por este caso.
El segundo, tal vez más grave por sus implicaciones no financieras, es la quiebra de la Empresa Constructora del Ejército (ECE). Nacida de una iniciativa presidencial, la ECE debía hacerse cargo de obras de infraestructura consideradas estratégicas; entre 2012 y 2015 recibió anticipos por obras que nunca fueron ejecutadas. Al anunciarse la disolución de la ECE, la pérdida superaba los Bs 60 millones. Un oficial se encuentra encarcelado por este hecho acusado, entre otros delitos, de enriquecimiento ilícito.
Un tercer caso millonario involucra a un excomandante del Ejército que ordenó construir nueve puestos militares con una inversión de Bs 18 millones. Las obras nunca fueron ejecutadas y el responsable fue encarcelado. Otro excomandante también está implicado en el caso, así como dos camaradas de armas que llevan estrellas en sus hombros.
Bs 10,5 millones se perdieron en una compra fraudulenta de cemento asfáltico por parte del Comando de Ingeniería del Ejército; un general y varios ingenieros militares esperan su turno para responder ante la Justicia. Y Bs 5,3 millones desaparecieron en la compra irregular de repuestos para los vetustos aviones T-33, que hace décadas deberían haber dejado de volar, pero que en el país se usaron hasta que la mortalidad que dejaban sus frecuentes caídas fue intolerable.
Aquí se comenta solo los casos más conspicuos y que han llegado a algún punto del proceso penal; hay un millar en espera de investigación o sanción, y quién sabe cuántos más no han sido identificados. Son doblemente graves e intolerables porque se trata de una institución que se desea “tutelar” y donde hay personas que se sirven del secretismo para medrar del Estado, manchando su uniforme y lo que éste representa.
