Dentro de la teoría del derecho y la ciencia política se ha escrito mucho sobre el concepto del contrato social, que básicamente se puede entender como el instrumento que otorga derechos a los integrantes de una colectividad a cambio de que abandonen la libertad de la que disponen por naturaleza, siendo el Estado el encargado de hacer cumplir dicho contrato. Sin embargo, ¿qué pasa cuando el Estado no se encarga de garantizar su cumplimiento?, ¿por qué el pueblo, si es el soberano, debe reclamar el cumplimiento de sus derechos?, ¿qué consecuencias tendría el incumplimiento del contrato social?
Las anteriores preguntas tienen como común denominador a la ruptura del contrato social, que es una respuesta del soberano a los representantes del poder constituido que se expresa a través de manifestaciones populares reclamando por derechos elementales, como mejoras en salud, educación, en los salarios y jubilaciones; y que pueden escalar a niveles preocupantes de conflictividad social, agudizando crisis de diferente índole al interior de los Estados o, en algunos casos, más allá de sus fronteras.
En el caso boliviano, la reorganización político administrativa de los últimos dos lustros, bajo la consigna de una descentralización mal llamada autonómica, no pudo responder ni canalizar las demandas y necesidades sociales en materia de educación y salud. Bolivia, que según su Constitución Política es un Estado unitario social de derecho, plurinacional, comunitario y con autonomías, ha procurado ajustar su organización político administrativa a través de la asignación competencial y una muy enrevesada clasificación de competencias, con la finalidad de dar una respuesta efectiva a las necesidades de la población desde un nivel más operativo, más cercano al ciudadano. Sin embargo, dichos ajustes, que también conllevaron la asignación de recursos para su funcionamiento, han degenerado su misión y visión a un enfoque meramente burocrático, no siendo capaces de responder a las demandas sociales de la población, especialmente en el tema de salud.
Esta crisis en el tema de salud ha sido el resultado de una inadecuada asignación de recursos a una institucionalidad subnacional que no estaba preparada para cumplir el contrato social con el grupo poblacional al cual debía administrar. Ya han pasado 10 años, y la mayoría de las gobernaciones y municipalidades no ha ejecutado proyectos de infraestructura o equipamiento en los centros de salud de su competencia; mientras tanto, la población, cansada de esta ausencia del Estado y sin conocimiento de la enrevesada clasificación competencial, reclamaba al Gobierno Central (el caso por ejemplo de los enfermos de cáncer, entre otros) el cumplimiento de sus derechos elementales, cuando dicho aspecto ya no era de su competencia, según la nueva reorganización político administrativa.
En este contexto de conflictividad, ante la falta de presencia del Estado pero a nivel subnacional, ha surgido el Sistema Único de Salud (SUS) como una respuesta del centro del Estado a la intención de ruptura del contrato social. Lo preocupante ahora es que dicha alternativa de solución está siendo resistida por ciertos sectores, so pretexto de que la medida puede vulnerar sus competencias e invadir sus funciones y responsabilidades. De igual manera, califican con cinismo al SUS como una medida electoralista, reclamando bajo una amnesia muy bien simulada la inactividad del nivel central en la gestión de la salud, cuando en los hechos los niveles subnacionales eran los que tenían a su cargo la gestión de la salud en sus respectivas jurisdicciones. Dicha resistencia a la implementación del SUS deja latente una ruptura del contrato social.
* Abogado.
