El 6 de febrero, la Asamblea Legislativa de Jujuy aprobó la Ley 6116 de Creación del Sistema Provincial de Seguro de Salud para Personas Extranjeras, que promueve el cobro por el acceso a servicios de salud pública a los extranjeros de tránsito por esa provincia. Disposición impulsada a raíz del trato que habría sufrido Manuel Vilca, músico jujeño que, tras un accidente automovilístico en Oruro, tuvo que pasar por un periplo de negaciones y atención oportuna, peregrinando durante dos meses por nosocomios de ese departamento y luego derivado a Cochabamba.
Después de reclamos de familiares y la intervención de la diplomacia argentina, el 30 de enero fue repatriado en un avión sanitario para continuar recibiendo asistencia médica en el Hospital “Pablo Soria”, donde será sometido a una intervención quirúrgica de columna cubierto por el sistema de salud de dicha provincia. Lo grave de esto son las denuncias de allegados que señalaron que desde la internación el 8 de diciembre de 2018, se realizaron varios pagos por curaciones (en Oruro Bs 22.000, luego en Cochabamba $us 7.000), bajo el argumento de que “es argentino, tienen que atenderlo en su país” y el hospital clínico de Cochabamba condicionó la realización de la cirugía, previa cancelación de $us 10.000.
Por ello, no resulta extraño la decisión de Jujuy de implementar el sistema provincial de salud para extranjeros que obligará a pagar entre $us 20 y $us 30 a toda persona en tránsito como seguro de salud; medida que afecta mayoritariamente a nuestros connacionales que son los que más viajan y radican en esa región. Al margen de este y otros casos, debemos referirnos ignominiosamente a la tan difundida hermandad latinoamericana, que suele mirarse desde un solo lugar y desde unas grietas que parecen no tener fin; retumbando con fuerza aquella percepción que reza que no podríamos estar bien sino en nuestra tierra —pero en nuestro caso, ni aún esto es posible—, con el sistema de salud que tenemos y lo sucedido solo refleja las grandes carencias y limitaciones del cual adolece.
El trato inhumano, la falta de reciprocidad e igualdad en atención a nacionales y extranjeros denunciado por el Gobernador de Jujuy, la defensa de la vida y los derechos humanos parecen no ser prioritarios para el Gobierno; mereciendo todo el repudio y reproche vehemente ante la priorización de gastos superfluos, en lugar de favorecer inversiones para el sistema de salud y así evitar pasar vergüenzas y críticas por el maltrato dispensado a los pacientes; lejos de importar si éstos son o no nacionales, ni cuál sea su cultura o etnia; pues por encima de esas clasificaciones y diferenciaciones perversas y mediocres, debe primar el derecho a la vida, el pronto socorro y auxilio efectivo, por la razón suprema de velar por la vida y la salud de las personas.
El Sistema Único de Salud (SUS), no solo deja entrever un trato excluyente a extranjeros en tránsito de la atención gratuita, sino que demuestra su inconsistencia, fragilidad y sostenibilidad en el corto plazo; la falta de certezas necesarias sobre el financiamiento para la atención médica, medicamentos y cirugías gratuitas; además de incumplir con la firma de convenios internacionales de reciprocidad, frente a los cuales el Gobierno ha mostrado apatía a celebrarlos, principalmente con países vecinos como Argentina, Brasil y Chile.
Finalmente, no deja de extrañarnos el silencio de aquellas voces —principalmente del Gobierno— que pregonan la hermandad y reciprocidad latinoamericana en el acceso a la salud, llamándonos a reflexionar y exigir la aplicación de gestiones y voluntades sinceras, alejadas del aprovechamiento político; los chauvinismos innecesarios y aquellos actos de solidaridades fingidas que hacen imposible superar las miserias humanas.
*es docente investigador de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS).
