Fue el año pasado cuando, luego de varias movilizaciones callejeras en diferentes ciudades del país, la Justicia decidió hacerse cargo de un bullado caso de tráfico de piezas de jaguar hacia China. En rigor no es el primero, pues desde 2014 el sistema judicial ha procesado cinco casos, llegando a sentencia; el problema es que de todos ellos solo un acusado está en prisión.
Según datos de la Dirección de Biodiversidad, del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), tres de los fallos judiciales son contra extranjeros (chinos y argentinos) y dos contra bolivianos; dos de los delitos fueron cometidos en Beni y los demás en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Los acusados fueron detenidos en posesión de colmillos, pieles y hasta un cachorro de jaguar vivo, además de piezas de otros animales silvestres. Hay además otros 10 casos ventilándose en la Justicia.
Hasta donde se sabe, el tráfico de piezas tiene mayormente como destino China, donde los bigotes, garras, colmillos, ojos, grasa, pene, testículos e incluso huesos son apreciados por la medicina tradicional de ese país, que les otorga propiedades curativas y hasta de potenciador sexual masculino. De ahí que, por ejemplo, un colmillo de jaguar puede llegar a costar varios miles de dólares en el Asia.
Además de las deficiencias y la corrupción presentes en el sistema judicial del país, la Directora de Biodiversidad del MMAyA identifica dos causas fundamentales para explicar el incumplimiento de las sentencias: la falta de seguimiento y de un mayor impulso procesal de parte de los querellantes (habitualmente los gobiernos departamentales), y el desconocimiento de la Ley 300, de la Madre Tierra, por parte de los jueces y administradores de justicia.
Este último dato es de particular relevancia, pues según el procedimiento penal cuando hay una sentencia igual o menor a los tres años de cárcel se aplica la suspensión condicional de la pena. Sin embargo, en el marco de la Ley 300, los delitos relacionados con la Madre Tierra y el Medio Ambiente no gozan de este beneficio y los condenados deben ser remitidos a un penal.
Precisamente para superar estas falencias en la aplicación de la ley y la Justicia, el MMAyA tiene previsto lograr la declaración de 2019 como el Año del Jaguar, entendiendo a este animal como emblema de la vida silvestre del país, para lograr la toma de conciencia sobre la necesidad de proteger el medio ambiente y sus habitantes. Además, se trabajará en la capacitación de servidores de ministerios y del Órgano Judicial en estas materias.
En suma, hablamos de una situación que no debe seguir siendo soslayada, pues se trata de mucho más que la sola protección de los felinos salvajes; es necesario hacer un alto definitivo a la impunidad que hasta ahora ha beneficiado a depredadores que hacen pingües negocios a costa de la biodiversidad del país y ponen en riesgo el equilibrio ambiental.
