De nueva cuenta, el dolor, la desesperanza y la ira invaden el hogar de varias familias bolivianas, cuya cotidianidad se ha visto violentamente perturbada por la imprudencia de unos pocos. En concreto, nos referimos al accidente registrado la noche del lunes en la vía que une los departamentos de La Paz y Beni protagonizado por un bus del Sindicato Turbus Totaí, cuyo chofer se estrelló contra una camioneta presuntamente por invadir el carril contrario al tratar de rebasar a un camión. Según señalan los informes preliminares, 25 personas perdieron la vida y 23 resultaron heridas en este incidente, sumando un total de 71 fallecidos y 75 heridos en lo que va del año como producto de accidentes de este tipo.
Estas cifras de espanto evidencian que no estamos frente a accidentes fortuitos, sino ante negligencias mortales que devienen principalmente por la incapacidad de las autoridades para asegurarse de que las empresas del transporte interdepartamental pongan frente al volante a personas idóneas, con un criterio lo suficientemente formado como para delegarles la responsabilidad de velar por la seguridad de los pasajeros a su cargo, más aun tomando en cuenta las severas limitaciones y deficiencias que caracterizan a la mayoría de las carreteras del país.
De allí que urjan controles más estrictos y eficientes a la hora de otorgar licencias profesionales de conducir; junto con la incorporación de monitores de velocidad en los buses vía GPS para asegurarse que los choferes no conduzcan con exceso de velocidad, entre otras medidas de seguridad.
