La Defensoría del Pueblo ha vuelto a poner el dedo en la llaga, con un estudio que evalúa la implementación de la Ley 348 Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, promulgada hace cinco años. Revela que entre 2015 y 2018, de 113.269 procesos abiertos por violencia contra féminas, solamente 1.284 tuvieron sentencias condenatorias, o sea, el 1,13%. Y del total de casos, 72.916 fueron cerrados o concluidos y los restantes 40.353 aún se ventilan en los estrados judiciales.
El 83% de los juicios tienen que ver con violencia familiar o doméstica, seguida por la violencia en general y la violación de niñas, niños y adolescentes. Eso no es todo, ya que se especifica que hubo 67.077 causas rechazadas, 26.804 con imputación formal, 6.958 con acusación, 4.221 con “causas con criterio de oportunidad”, 3.591 con sobreseimiento, 2.608 con procedimientos abreviados, 1.284 con sentencias condenatorias, 559 bajo el rótulo de “otros” y 167 con “salidas alternativas”.
Los feminicidios son el delito de mayor preocupación, ya que entre 2015 y marzo de 2018, según el informe, se reportaron 386 mujeres asesinadas por razones de género, lo que equivale a 2,16 por cada 100.000 féminas o que cada tres días se denuncia uno de estos casos. Sin duda, son números que preocupan y, como señala la Defensoría, a la par de la aplicación de la Ley 348 se requiere un trabajo conjunto con otros brazos del Gobierno, y sobre todo el acompañamiento de la Justicia.
