Lo que probablemente debía ser una bomba política contra el Ministerio de Obras Públicas y la empresa recaudadora de peajes Vías Bolivia, bajo su tuición, terminó revelando un profundo malestar en las filas del gremio de los transportistas en La Paz, pues ha quedado claro que los dirigentes son profundamente reactivos al escrutinio, incluso si es solo de sus bases.
Todo comenzó a inicios de mes, cuando un diputado de Unidad Demócrata (UD) denunció millonarias transferencias del Tesoro del Estado a cuentas bancarias personales de dirigentes de la Federación de Choferes Primero de Mayo de La Paz. La reacción inmediata de los aludidos fue afirmar que se trataba de dinero privado y que no debían dar cuentas públicas de su uso.
Tardó una semana el ministerio aludido en publicar un comunicado en el que se explica que, en efecto, el dinero corresponde a aportes voluntarios de los choferes sindicalizados que es recaudado junto con el peaje y luego transferido a las cuentas de su organización matriz. Explicó el Ministro de Obras Públicas que Vías Bolivia recibe el 5% de lo recaudado como pago por los costos administrativos.
También explicó la autoridad que se trata del fruto de un acuerdo de 2005 entre el gobierno de Carlos Mesa y la dirigencia del transporte de pasajeros, mediante el cual se otorgó una rebaja de Bs 0,20 en el peaje de la autopista La Paz-El Alto, monto que sería transformado en un aporte voluntario a un fondo prosalud del gremio. El dinero es privado, pero su origen es un subsidio al autotransporte.
La dirigencia ha insistido en que no tiene que dar cuentas públicas de los más de Bs 11 millones recaudados entre 2005 y 2018, y que si el dinero fue a parar a cuentas privadas es porque como organización no tienen número de identificación tributaria (NIT) por lo que no pueden abrir una cuenta institucional, lo cual dice mucho del modo en que se manejan las cuentas de la Federación.
Precisamente por ello es que días después de iniciado el escándalo se formó un Comité de Defensa del Transporte Sindicalizado y sus miembros dieron un plazo de 15 días para que renuncien los dirigentes que recibieron el dinero recaudado; aunque es poco probable que tal cosa suceda, queda patente el descontento de quienes trabajan extenuantes jornadas para ver cómo sus dirigentes medran a costa suya en lugar de invertir el dinero en prestaciones de salud.
Al Gobierno ahora le corresponde revisar la legitimidad del acuerdo de 2005 y la ratificación hecha años después, no solo porque los mediadores del acuerdo no han demostrado idoneidad para administrar el dinero, sino sobre todo porque es inevitable que se afecte la imagen del Gobierno, por acceder a los negocios de una dirigencia incapaz de desarrollar los más elementales principios de institucionalidad, burlándose del Estado y, sobre todo, de sus bases.
