Según estimaciones, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), al menos 70 millones de hombres, mujeres y niños se vieron forzados a abandonar sus hogares en 2018 como consecuencia de la violencia y la amenaza a los derechos humanos. El nivel más alto del que tiene constancia esta agencia de la ONU en sus casi 70 años de historia.
Son muchos los que se han visto obligados a desplazarse en busca de mejores oportunidades como consecuencia de problemas estructurales de pobreza o conflictos políticos en sus países. Es el caso de los millones de migrantes de naciones como el Congo, Sudán del Sur, la República Centroafricana o Venezuela. También cientos de miles han dejado sus hogares escapando de la violencia de las pandillas y del crimen organizado como en Centroamérica. Y asimismo están los que huyen de situaciones de guerra y/o persecuciones de corte religioso. Por ejemplo, tan solo en Siria al menos 5,6 millones de personas han abandonado sus hogares desde el inicio de la guerra civil (en marzo de 2011), huyendo de la violencia de las armas y del hambre que todo conflicto bélico conlleva.
Frente al sombrío panorama, se levantan pedidos de ayuda y solidaridad como los de ACNUR, ante la necesidad de suprimir los obstáculos que impiden a los refugiados regresar a sus hogares en condiciones dignas y seguras. O en su defecto, promover su integración en las comunidades de acogida, a tiempo de redoblar los esfuerzos para erradicar las causas detrás de esta crisis humanitaria: el horror de la guerra, la intolerancia y la pobreza.
