El domingo 9 de junio, una multitudinaria manifestación reunió en las calles de Hong Kong a cerca de 2 millones de personas, casi la cuarta parte de toda la población de la isla, en protesta contra un proyecto de ley que permitía la extradición de indiciados sospechosos hacia la China continental, donde tendrían que responder a la Justicia.
Ese intento fue el detonante para la explosión del descontento contenido en los laboriosos hongkoneses, que aprovecharon la ocasión para demandar la demisión de la gobernanta comunista de la isla, Carrie Lam, quien meses atrás reprimió exitosamente el movimiento de los paraguas, impulsado por colectivos jóvenes que habían paralizado por 79 días la vida de ese enclave. Sin embargo, esta vez se impuso el pueblo y Pequín tuvo que recular.
La inédita conquista fue en realidad un sopapo para el presidente Xi Jinping, quien no se puede permitir irritar aún más el modus vivendi que sostiene la formula “un país, dos sistemas”. Gracias a este sistema Hong Kong se ha configurado como una puerta fundamental para el ingreso de dos tercios de las inversiones directas extranjeras que transitan por sus circuitos financieros antes de entrar en el continente.
Por ello, el poder maoísta permite conservar esa singularidad que, entre otras cosas, permite el funcionamiento de internet sin censura y tolera su propio sistema jurídico, resabio del pasado colonial británico. Curiosamente, en la revuelta popular que comentamos, se alzaron también los hombres de negocios y los grandes banqueros, estimulando la participación de sus empleados, respaldando a la juventud descontenta.
Es evidente la contribución de Hong Kong a la actual prosperidad china, aunque desde el traspaso de la soberanía británica en 1997, cuando el peso de Hong Kong en la economía china constituía el 16% del PIB, ahora se redujo solo al 3%. No obstante, la bolsa local sigue siendo un sitio esencial para el financiamiento del gigante asiático, que desde 2012 manejó $us 156.000 millones, frente a los $us 143.000 millones en Shanghái y Shenzhen, o los $us 48.000 millones en Wall Street, según la agencia Bloomberg.
Todos estos elementos sirven para rememorar que el 2019 marca dos aniversarios emblemáticos: el trigésimo aniversario de la caída del Muro de Berlín y el trágico aplastamiento de la protesta en la plaza de Tiananmen, ocurrido también hace 30 años. El primero simboliza el fracaso del modelo socialista soviético y el anhelo de libertad. Entretanto, el segundo significa la consolidación de la dictadura maoísta que, según sus dirigentes, permitió el fabuloso avance económico actual.
La dicotomía que se plantea es: ¿la conquista de valores libertarios se justifica con los logros democráticos alcanzados? Y en el caso chino, ¿valió la pena apretar el control político de la población para alcanzar el estatus envidiable de ser casi la primera potencia económica mundial y la relevancia en la política internacional que hoy goza Pequín?
Lo cierto es que la lección que nos deja la pasada rebelión de Hong Kong es que ninguna bonanza económica reemplaza el pleno ejercicio de los derechos civiles, y entre estos, el más preciado: un Estado de derecho que garantice la ecuanimidad de la Justicia, inexistente tanto en China como en Bolivia, donde la autocracia totalitaria manipula al más importante poder del Estado.
