Desde hace años, gente inescrupulosa se ha especializado en estafar a quienes buscan un inmueble en anticrético en las ciudades del eje, aprovechando la limitada oferta en este rubro, así como la necesidad de quienes necesitan un techo en buenas condiciones y bien ubicado para vivir; pero también por la indolencia de las leyes y la desidia que impera entre las autoridades judiciales del país.
El último caso de este tipo se registró el pasado viernes en la ciudad de Santa Cruz. Alertados por varios casos de estafa, aquel día la Policía cruceña organizó un operativo en el que detuvieron a tres delincuentes cuando estaban por suscribir un contrato por la entrega de un departamento en anticrético a cambio de $us 35.000. Sin embargo, este inmueble no les pertenecía y tampoco tenían la intención de entregarlo a la mujer con la que iban a sellar el acuerdo. De hecho, lo habían alquilado semanas antes y contaban con papeles de propiedad fraguados para no despertar sospechas entre las potenciales víctimas, a quienes captaban a través de las redes sociales y anuncios difundidos por internet.
Huelga recordar que, según estimaciones del INE, el 40% de las familias que habitan en zonas urbanas del país carecen de vivienda propia; situación que los obliga a tomar un anticrético o bien a alquilar un inmueble. Naturalmente, la mayoría prefiere la primera opción, pues les permite conservar su capital. No obstante, esta figura inmobiliaria es cada vez más escasa y no carece de riesgos para los interesados; situación que es aprovechada por los delincuentes.
Para tal efecto, como ocurrió con la banda detenida en Santa Cruz, buscan casas y departamentos en buen estado y estratégicamente ubicados en alquiler. Pagan varios meses de arriendo por adelantado para superar la desconfianza de los propietarios, y posteriormente los ofrecen en anticrético a través de internet. Pero una vez que los interesados desembolsan el dinero, ya sea anticipos de varios miles de dólares o el monto total, inventan excusas para postergar la entrega del inmueble, lapso que aprovechan para engañar a más personas. Y cuando la situación se vuelve insostenible, huyen con el dinero de las víctimas.
Para colmo de males, quienes son detenidos no suelen devolver el dinero estafado, en gran medida debido a que la ley contempla únicamente penas de uno a cinco años de cárcel para los criminales que se especializan en robos de este tipo, independientemente de que hayan engañado a una o a decenas de personas.
Hablamos de estafas susceptibles de truncar proyectos de vida, ya que muchas de las personas que caen en manos de estas redes criminales pierden los ahorros de toda su vida, e incluso algunos contraen deudas para pagar el anticrético. Por ello, urgen sanciones más severas contra este tipo de delitos, así como medidas que garanticen la recuperación del capital de las víctimas.
