Nuevamente nos encontramos con una cifra récord que da cuenta de la magnitud del desplazamiento forzado a nivel global: 70,8 millones de personas han tenido que huir de sus hogares durante el 2018, según el informe anual Tendencias Globales de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
Poblaciones enteras abandonan su hogar a causa de guerras, violencia, persecución y violaciones masivas de los derechos humanos. Millones de niños, niñas y adolescentes huyen de situaciones de extrema violencia, y cada vez más viajan solos y en situaciones de extrema vulnerabilidad.
Si tratamos de dimensionar los 70,8 millones de personas podemos equipararlos con la población de países como Tailandia o Turquía. La cantidad de personas refugiadas representan más de un tercio de este total (25,9 millones), la cifra de refugiados más alta que hemos visto.
En nuestra región, el desplazamiento forzado tiene una dimensión inédita en términos humanitarios, dada su magnitud y complejidad, donde muchos países son a la vez países de tránsito y de destino. Con diferentes características, las actuales situaciones en los países del norte de Centroamérica, Nicaragua o Venezuela dan cuenta de esto. La situación política, socioeconómica y de derechos humanos en Venezuela ha ocasionado el éxodo de 4 millones de personas refugiadas y migrantes, de las cuales 1,8 millones se han beneficiado de distintas formas de protección en distintos países, mientras que más de 464.000 han solicitado formalmente el reconocimiento de la condición de refugiado.
Todas estas situaciones de desplazamiento forzado representan un desafío para las capacidades de nuestros países y tienen implicancias sociales, económicas y políticas. Los problemas regionales exigen también respuestas regionales, acordes con la situación excepcional que estamos enfrentando. La indiferencia no tiene cabida en nuestra región: el reto compartido consiste precisamente en que la movilidad humana en América Latina sea vista como una oportunidad.
En este sentido, cabe destacar el Proceso de Quito como uno de los mecanismos de respuesta ante la creciente movilidad humana de ciudadanos venezolanos en la región, a través del cual 14 países de América Latina trabajan en conjunto para buscar medidas y una respuesta unificada. Además, el nuevo Pacto Mundial sobre Refugiados y el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular nos brindan una oportunidad para que nuestras respuestas sean más predecibles y sostenibles, contando con la solidaridad y con la responsabilidad compartida de la comunidad internacional.
Si bien ha habido discursos aislados de discriminación y xenofobia, también estamos presenciando grandes gestos de generosidad, solidaridad y hospitalidad; especialmente por parte de las comunidades que están albergando a un gran número de personas refugiadas.
Lamentablemente las cifras se encuentran en aumento y son parte de una tendencia a largo plazo. Es por este motivo que hoy, en el #DíaMundialdelRefugiado, más que nunca necesitamos, como ha expresado el alto comisionado de ACNUR, Filippo Grandi, un mayor compromiso de los Estados y redoblar nuestra solidaridad con las miles de personas que se ven obligadas a huir de sus hogares.
