La Sala Constitucional Primera de Justicia de La Paz emitió días atrás una sentencia con relación a la acción popular presentada por dos diputados de oposición respecto a las movilizaciones violentas que los choferes del transporte sindicalizado de pasajeros ejecutan con frecuencia en la sede de gobierno. La sentencia reconoce el derecho a la huelga, pero recuerda que está prohibido bloquear.
Previsiblemente, los autores de la acción constitucional celebraron a nombre propio y de toda la población paceña la sentencia, que no hace otra cosa que reafirmar algo que de seguro es sabido por cualquier abogado o persona interesada en el Derecho, y mucho más por las autoridades del Estado en cualquiera de sus niveles gubernativos: la Constitución garantiza el derecho a la libre circulación de las personas y bienes dentro del país, al igual que garantiza el derecho a la protesta y la huelga.
Previsiblemente también, la sentencia cayó como un baldazo de agua fría sobre la dirigencia de los choferes, cada vez más acostumbrada a usar la violencia contra sus propios afiliados con el fin de obligarlos a participar en sus movilizaciones; y contra la población, que a su vez protesta contra los paros y por el mediocre y desprolijo servicio que proporcionan los choferes.
La acción popular de los diputados fue motivada por la más reciente movilización del gremio, organizada el día que comenzó a operar la ruta del bus municipal PumaKatari entre Achumani y San Pedro. En aquella oportunidad los profesionales del volante atacaron con saña no solo los buses, sino también a las y los pasajeros de éstos y a cuanta persona intentó impedir su propósito.
En este contexto, la decisión de la Sala Constitucional ha sido una nueva derrota para el gremio, que aquel día terminó de perder el poco apoyo que podía haber tenido de parte de la población, usuaria forzosa de sus servicios, y que desde entonces ha comenzado a buscar medios alternativos de transporte para evitar usar los indignos minibuses y trufis.
La sentencia del Tribunal paceño todavía debe ir en consulta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, lo cual no impide que sus alcances sean efectivos desde ahora. Cabe la posibilidad de que la máxima instancia de interpretación de la Constitución difiera, lo cual podría devolver fuerza al gremio, pero también confirmar lo que se sabe desde hace muchas décadas: que las dirigencias de los choferes tradicionalmente han tenido vínculos con los poderes de turno. Ojalá que este no sea el caso.
Queda, mientras tanto, la certeza de que es posible poner un alto a los abusos de uno u otro gremio (acaba de suceder algo similar con el sector de salud, que decidió desconocer un fallo que limita su derecho a la huelga indefinida), y que, así sea poco a poco, la población boliviana puede ir reconquistando los derechos que unos pocos tienen la costumbre de robarle.
