En este tiempo de construcción de una política urbana, conviene recordar los rasgos que definen a una política pública. Ésta debe partir de un problema socialmente reconocido y sentido por los grupos poblacionales, y debe tener objetivos de interés público. Es dirigida por el Gobierno nacional, en un marco colaborativo entre el Estado y la sociedad civil, y un alineamiento coherente de intervenciones públicas en torno a los sectores y servicios. Debe impulsar la participación directa de los actores involucrados en la identificación del problema y la búsqueda de soluciones. Y debe responder con un conjunto de decisiones, acciones deliberadas y recursos.
Ahora bien, en Bolivia hace falta una política urbana porque se debe enfrentar el grave problema de la desigualdad territorial, estrechamente vinculada con la pobreza y los procesos de exclusión que imperan en las ciudades. La desigualdad territorial se observa por ejemplo en las asimetrías existentes entre los contextos rurales y urbanos, entre los centros urbanos y sus periferias, al interior de las ciudades (con algunos barrios opulentos y las denominadas urbanizaciones cerradas, verdaderos guetos que coexisten con barrios paupérrimos, expuestos a la contaminación y a la exposición de deslizamientos), entre el desarrollo de regiones que tienen y acceden a recursos naturales y perciben por ello importantes regalías y entre los que no los tienen.
Estas desigualdades devienen como resultado del actual modelo urbano de acumulación del capital, cuyos excedentes son apropiados por ciertos grupos económicos, en contraste con aquellos carentes de recursos por sus muy bajos ingresos, correlacionados con la inserción en un mercado de trabajo precario, desprotegido, inestable e informal.
Donde mayormente se visibilizan los impactos del crecimiento demográfico y la presión por el equipamiento de hospitales, escuelas, módulos policiales, calles, avenidas, sistemas de transporte, seguridad jurídica de la vivienda es en los asentamientos espontáneos, irregulares, informales, denominados “periferias” por la literatura, las cuales deberían ser una prioridad. Estas periferias, marcadas por la fragmentación, el hacinamiento, la segregación residencial; con límites imprecisos entre lo rural urbano, déficits de vivienda y servicios básicos, se están proliferando intensamente por el actual modelo de expansión urbana difusa y extendida, por lo que necesariamente deben ser tomadas en cuenta en el diseño de una política urbana.
¿Por qué se necesita una política urbana para enfrentar estos problemas? Porque no se puede dejar que el mercado sea el mecanismo de planificación y asignación de prioridades. La acumulación del capital no puede seguir siendo el objetivo central del proceso urbano. Los grupos económicos no deberían determinar dónde se invierte y para quién se invierte. Hace falta la intervención del Estado, y la manera de hacerlo es con políticas públicas. ¿Cuáles deberían ser los objetivos de una política urbana con perspectiva social? En principio, debería identificar la pobreza y la desigualdad territorial (urbana y rural) como un grave problema, que debe ser percibido por la sociedad en su conjunto; a tiempo de colocar la igualdad, equidad y justicia como valores sociales centrales.
Por todo ello, el principal objetivo de la política urbana debe ser la mitigación de las desigualdades. En tal sentido, debería impulsar formas alternativas de urbanización que no estén regidas por la acumulación del capital, por el mercado, por empresas inmobiliarias y por intereses de grupos económicos. Asimismo, debe promover la creación de una conciencia ciudadana, ampliar la ciudadanía, y construir institucionalidad para garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos, incluido el control democrático sobre la producción y el uso del excedente del capital. De tal manera que parte de ese excedente de capital sea invertido en la mejora de las condiciones sociales y ambientales.
Por otro lado, la política urbana debe fomentar la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones, con la creación de consejos ciudadanos locales. Debe asimismo disminuir las desigualdades y generar inclusión social, rescatando soluciones “desde abajo” dadas desde los movimientos sociales urbano-populares. Debe mejorar las condiciones de vida con la dotación de infraestructura social y equipamiento en los barrios populares periféricos.
Por todo ello, en el país se necesita con urgencia una política urbana y no una Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades (PNDIC). Pero los políticos cortoplacistas y efectistas rechazan este enfoque integral, de mediano y largo plazo, porque de lo que hablo aquí es de una política pública, y no de una política gubernamental.
