Desde siempre, los procesos electorales han estado parcialmente definidos por engaños y mentiras. Incluso se podría decir que ello les es inherente, pues las elecciones suponen lucha por el voto de la gente. Sin embargo, en tiempos de la sociedad de la información y la comunicación, los engaños y las mentiras no discurren solamente por el ágora, el cartel, la radio o la televisión, lo hacen también masivamente a través de las redes sociales; tanto, que el objetivo de desgastar y anular al oponente puede ocurrir tan solo en unos cuantos minutos.
La lucha electoral definida por la falacia se despliega así en una dimensión real y en otra virtual. Tal vez por eso, aunque controversial desde su origen, debiera otorgársele cierto crédito al término fake news (noticias falsas), frente a otros como engaño, embuste, trampa, fraude o estafa. Porque, según diversos estudios, el efecto de las noticias falsas sería más claro en la subjetividad de los votantes que el de la propia propaganda política, ya que a diferencia de estos propósitos que necesitan convencer para obtener respaldo, la noticia deformada afectaría directamente la sensibilidad del elector. De ahí que la voluntad ciudadana derive en sorprendentes resultados electorales y que la legitimidad política, parida por la posverdad, debilite la democracia y represente una amenaza.
En ese sentido, cada país padece y ha padecido sus propios traumas, incluido el nuestro, con el turbio escenario del referéndum de 2016. Ante tales experiencias, en América Latina diferentes actores se propusieron luchar contra las fake news, partiendo incluso de la conformación de masivos acuerdos institucionales, como en Uruguay, donde la Asociación de la Prensa convocó a los partidos a la firma de un pacto ético; o en Argentina, donde a iniciativa de la Cámara Nacional Electoral, diversas instancias respaldaron un compromiso ético digital.
En términos de iniciativas más concretas, sobre la base de la experiencia de la Red Internacional de Verificación de Datos (IFCN, por sus siglas en inglés), surgieron, por ejemplo, Verificado, en México; Comprova, en Brasil; ConPruebas, en Guatemala y Reverso, en Argentina. Más allá de sus diferencias, el objetivo de todos estos esfuerzos es el de revisar la información que circula en internet y verificar si es cierta o es falsa, para combatir así la desinformación que sucede en las redes sociales a través de noticias imprecisas y malintencionadas. Todo ello, sobre la base del trabajo colectivo de medios de comunicación, empresas, universidades, organizaciones civiles, organismos internacionales, plataformas digitales e instituciones públicas.
Pero como esta mezcla de actores agrupa a algunos de cuestionable probidad, surgieron también, particularmente en México, otras iniciativas como Votoinformado2018, conformado por órganos autónomos como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Electoral mexicano.
Similares esfuerzos se replican ahora en el país, con los observatorios Bolivia Verifica y Chequea Bolivia. Pero en esa lógica de las particulares circunstancias, éstos destacan por su aparición frente a los medios digitales creados por el Gobierno. Y aunque no precisamente como reacción, tales observatorios destacan también por conjuntar a actores politizados y partidizados. Es el caso de un periódico que, fungiendo como medio de oposición, se identifica en sus notas editoriales como el medio más afectado por los llamados guerreros digitales del Gobierno. Lo ideal, entonces, es que se generaran más iniciativas independientes, teniendo en cuenta que esos esfuerzos potencian el voto informado y como mecanismo de rendición de cuentas; sería saludable en un país en el que más del 60% de su población usa las redes sociales.
